Por: María Josefina Arce
En el Atlántico Sur, en el mar argentino, a unos 600 kilómetros de las costas de la Patagonia, se encuentra el archipiélago de las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama incansablemente Argentina, ante la ocupación ilegal de ese territorio por el Reino Unido desde 1833.
Ese será precisamente, uno de los frentes de batalla de la política exterior de Buenos Aires en este 2022, cuando se cumplen 40 años del conflicto armado entre las dos naciones que tuvo lugar de abril a junio de 1982, y que ocasionó la muerte a 650 soldados argentinos y 255 británicos.
El gobierno del presidente Alberto Fernández afirmó que redoblará la ofensiva diplomática sobre el histórico reclamo para tratar de abrir una negociación con el Reino Unido. Desde que asumió en diciembre de 2019 Fernández ha mantenido vivo el tema, que se vio interrumpido por su predecesor Mauricio Macri.
Argentina ha contado en todos estos años con el apoyo de organismos internacionales y regionales. En diciembre de 1965 la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 2065 que instaba a los dos países a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva al diferendo.
Desde esa fecha más de 40 resoluciones de ese organismo mundial y del Comité Especial de la ONU para la Descolonización han reiterado ese llamado.
Sin embargo, los contactos establecidos en un inicio no progresaron. Las autoridades británicas pusieron infinidad de trabas, una de ellas vincular las negociaciones al deseo de los habitantes de las islas, cuya composición es resultado de la colonización. Buenos Aires ha denunciado que ese argumento no tiene sustento en la ley Internacional y su objetivo es preservar la presencia colonial en el Atlántico Sur.
En todo momento Argentina ha expresado su voluntad de negociar, tal y como demanda regularmente el Comité de Descolonización, pero desde hace más de cuatro décadas Londres se niega.
En junio pasado el entonces canciller argentino Felipe Solá pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que intercediera ante el gobierno británico para que reanude las conversaciones sobre la soberanía del archipiélago.
Argentina ha denunciado además, que la permanencia de una base militar en las Malvinas es una amenaza a la estabilidad en la región. De hecho viola la resolución 31/49 de la ONU que prohíbe las acciones unilaterales en el área en disputa.
Desconoce igualmente la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, efectuada en 2014, en La Habana, en la Segunda Cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamercanos y Caribeños.
El ejercicio pleno de la soberanía del archipiélago, respetando el modo de vida de sus habitantes y de acuerdo a los principios del derecho Internacional, es un reclamo permanente del pueblo de Argentina.