Por María Josefina Arce

Más de una década de intenso trabajo acumula la Contraloría General de la República de Cuba, creada en 2009 para continuar perfeccionando el control y preservación de las finanzas y los bienes patrimoniales del estado y del pueblo.

Tuvo sus antecedentes en la Oficina Nacional de Auditoría, una experiencia que permitió dar paso a este órgano de fiscalización  y aplicar una perspectiva más amplia e integradora en los mecanismos de control aplicados hasta ese momento.

A lo largo de todos estos años múltiples han sido las acciones desarrolladas por la Contraloría, que no se limita a señalar problemas, sino también a buscar las causas y hacer recomendaciones.

Este órgano atiende además, los planteamientos de la población relacionados con irregularidades administrativas u otras ilegalidades vinculadas con el uso incorrecto de los recursos públicos.

El trabajo desempeñado ha sido reconocido no solo por las autoridades cubanas, sino por organismos regionales. De hecho del 2011 al 2013 la Contraloría presidió la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, y le fue otorgado el reconocimiento "Mérito al Control", que otorga dicha entidad.

Pero desde 2019 Cuba tiene una nueva Carta Magna, que confiere rango constitucional a la Contraloría General de la República como órgano garante de la correcta y transparente administración de los fondos públicos y del control superior sobre la gestión administrativa.

De ahí que sea necesario una nueva legislación que regule las funciones constitucionalmente asignadas a esta entidad, y que sustituirá a la hoy vigente Ley 107.

Con la creación en octubre del pasado año del grupo temporal de trabajo y sus dos subgrupos comenzó ese proceso. A principios de este mes fue presentado el anteproyecto de ley de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de Gestión Administrativa.

El anteproyecto es resultado del trabajo de 53 personas, entre ellas representantes de organizaciones, instituciones y empresas, así como de las consultas internas en las cuales se recibieron 340 opiniones y fueron aceptadas 230.

El texto, que concede un papel decisivo al control interno y externo, busca exigir la actuación ética de los directivos y entidades, al tiempo que debe regular las relaciones con todos los órganos como la Fiscalía, tribunales y Parlamento.

Para la contralora general, Gladys Bejerano, es importante promover una cultura de control y prevención en las organizaciones, así como en la realización de rendiciones de cuentas transparentes.

De ahí que esta entidad busque perfeccionar sus mecanismos de trabajo, en aras de salvaguardar los recursos de la nación y del pueblo cubano.