Por: Guillermo Alvarado

Las máximas autoridades de Chile recibieron un ejemplar del borrador de la nueva Carta Magna, redactada por una Convención Constitucional durante un año de duro trabajo donde hubo que enfrentar las embestidas de la derecha, los empresarios y los medios de comunicación afines a esos sectores.

A pesar de todas las dificultades, el texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias, fue aprobado por el 77 por ciento de los convencionistas, una cifra mucho más elevada de los dos tercios que se exigía para dar por concluidas las labores.

Con el documento en las manos el presidente Gabriel Boric convocó a un plebiscito que tendrá lugar el 4 de septiembre, donde será la población la que decidirá si la nueva Ley de Leyes entra en vigor, o se mantiene la redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Llegar hasta este momento es resultado de un arduo proceso que arrancó en octubre de 2019, cuando miles de personas se lanzaron a las calles para reclamar mejores condiciones de vida, servicios de salud y educación adecuados y un incremento en las pensiones para los jubilados.

La policía militarizada, conocida como Carabineros, desató una implacable represión que causó numerosos muertos, heridos y capturados.

A pesar de todo, la presión popular fue tanta que el entonces presidente Sebastián Piñera debió aceptar la firma de un acuerdo, que incluía la redacción de la nueva Carta Magna.

Eso llevó al plebiscito del 20 de octubre de 2020, cuando el 80 por ciento apoyó esta iniciativa y se abrió el paso para que en mayo de 2021 se eligiera a los miembros de la Convención, donde la derecha quedó en clara desventaja.

Aunque el organismo constitucional fue ejemplar, con representación por igual de hombres y mujeres y, por primera vez en la historia chilena, con lugares reservados para las comunidades indígenas, el camino estuvo lleno de baches y bajo constante ataque de los nostálgicos de la dictadura.

Las noticias falsas fueron permanentes, con afirmaciones como que los indígenas tendrían derechos extraordinarios por encima del resto de la sociedad, que se confiscarían propiedades o, imagínense ustedes qué clase de cerebro, que se permitiría el aborto “hasta los nueve meses de embarazo”.

Otra falsedad fue vincular la calidad del texto con el desempeño del gobierno de Boric, con la malsana intención de convertir el plebiscito en una evaluación sobre el ejecutivo, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Desde hoy, 6 de julio, se abre la campaña hacia la consulta popular y con ello otra etapa de lucha para superar 40 años de neoliberalismo y mandar a la basura los restos de la dictadura pinochetista.