Imagen tomada de Cuba, Isla Mía

Por María Josefina Arce

En aras de sus intereses hegemónicos, Estados Unidos siempre ha utilizado oportunamente determinadas situaciones para promover en otros países acciones en contra del orden constitucional establecido. Es un guión bien elaborado y empleado a lo largo de la historia en América Latina.

Por eso no deben extrañar los sucesos del 11 de julio del pasado año en Cuba. Fue escogido con toda intención un momento complejo para el país. La administración del ex presidente Donald Trump había recrudecido el criminal bloqueo, en medio de la emergencia sanitaria mundial por la COVID 19, que llevó a la erogación por el estado de cuantiosos recursos para enfrentar el virus y salvaguardar la vida de los ciudadanos.

A esto se sumó una situación Internacional complicada. La enfermedad causada por el nuevo coronavirus paralizó el mundo, dada la necesaria adopción de medidas para evitar su propagación. 

Cayó el intercambio comercial, la producción y el turismo, una de nuestras principales fuentes de entrada de divisas. Y la maquinaria contra la nación caribeña se puso en marcha de inmediato. Se aprovechó este panorama que, por supuesto, generó desabastecimiento de alimentos y medicinas en un momento de fuerte incidencia de la pandemia, lo que  creó inquietud entre los pobladores.

Se activó desde las redes sociales toda una campaña manipuladora y muy bien diseñada contra el gobierno cubano y la revolución. La justa preocupación de muchos cubanos fue aprovechada, como quedó en evidencia, para promover el odio y la violencia contra personas y contra la propiedad pública como hospitales, instituciones oficiales y establecimientos comerciales, algunos de los cuales fueron saqueados.

Y lo más llamativo, desde territorio norteamericano se pidió una intervención militar en el archipiélago. Estaba en marcha, sin ninguna duda, toda una estrategia de lo que se conoce como golpe blando, enmascarado en supuestos fines humanitarios.

Aparece entonces la etiqueta en las redes sociales de #SOSCuba. Fue, como señalan los expertos, una operación bien elaborada, que contó con alta tecnología y promovida por cientos de cuentas falsas.

Pero además, para dar una imagen adulterada de lo que ocurrió en Cuba la prensa occidental recurrió a viejas y gastadas artimañas, se presentaron imágenes de masivas concentraciones de apoyo a la revolución como supuestas pruebas de un elevado descontento en el país.

Lo que es imposible negar es que ese día se vulneró el orden constitucional y se puso en peligro la seguridad ciudadana.

De ahí que estas personas que recurrieron a la violencia fueron llevadas ante la justicia. Y ahí volvió a intensificarse la campaña contra Cuba, que ahora se centró en pretendidos procesos judiciales sin las garantías debidas.

La Fiscalía General de la República dejó bien claro que en todo momento se verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y se controlaron las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior.

Por demás, sistemáticamente la Fiscalía ha informado a la población de los procesos judiciales y las sentencias dictadas, algunas de las cuales fueron rebajadas al apelar a la instancia superior.

No es un secreto que a lo largo de décadas Estados Unidos ha dedicado millonarias cifras para sus planes subversivos contra Cuba. Los desórdenes del once de julio de 2021, instigados desde territorio norteamericano, forman parte de la guerra ideológica que se desarrolla contra el país. Ahora fueron las redes sociales el medio empleado en un nuevo y fallido intento de subvertir el orden constitucional y nuestro sistema político,  respaldado por la mayoría de los cubanos.