Murillo se declaró culpable

por Roberto Morejón

Al declararse culpable de varios delitos, el ex ministro de facto de Bolivia Arturo Murillo confirmó la catadura moral de muchos de los integrantes del equipo de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, ocupante del poder tras el golpe de estado contra Evo Morales en 2019.  

Murillo fue uno de los actores clave de la maniobra contra el entonces presidente constitucional de Bolivia y al frente del Ministerio de Seguridad enfrentó con mano dura protestas en las calles.

Curiosamente, Murillo fue detenido en mayo de 2021 en el estado norteamericano de la Florida, hacia donde huyó en noviembre de 2020, acorralado por denuncias de corrupción.

El implacable hombre fuerte de la señora Áñez, hoy encarcelada, se declaró culpable en la Florida nada menos que de conspiración para lavar miles de dólares en sobornos que una empresa estadounidense le pagó, a cambio de favorecerla en la venta de gas lacrimógeno a Bolivia.  

Murillo, Áñez y otros protagonistas de la conspiración contra Evo expusieron falsedades para tratar de justificarla, y se presentaron como baluartes de integridad.

Pero Murillo no es el único conjurado contra la democracia en el país sudamericano, pues junto a él sobresalió el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envuelto en el complot al que se sumaron  oficiales de las fuerzas armadas y el ejército.

NO por casualidad el caudillo de la región de mayor prosperidad económica de Bolivia está envuelto hoy en nuevos trajines contra el orden establecido.

Camacho y otras autoridades cruceñas fraguaron un paro que pretendieron extender a la nación para exigir que el censo programado en Bolivia se realice en 2023 y no un año después.

Para 2024 lo recomienda el gobierno de Luis Arce con el sólido argumento de disponer antes de todos los aseguramientos técnicos.

El Movimiento al Socialismo, grupos sociales, obreros y simpatizantes del presidente Luis Arce coordinaron esfuerzos para neutralizar los planes de Camacho y sus compinches, deseosos de colapsar la economía del país y responsabilizar al gobierno.

Tiene razón el senador William Torrez, del Movimiento al Socialismo, al señalar que el gobernador cruceño Luiz Fernando Camacho demuestra lo que calificó de talante dictatorial, al exigir a los bolivianos acatar la resolución de un cabildo, para llevar el país al paro.

Camacho, como Murillo, hoy en aprietos con la justicia, constituyen cabezas visibles del caos al que desean llevar a Bolivia.