Por: Roberto Morejón
Nuevos criterios y evidencias aportados por observadores internacionales subrayan la magnitud de la represión institucional en Perú durante las protestas por el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo y a favor del adelanto de elecciones.
Además de plantear lo que consideraron como una errónea destitución de Castillo, los visitantes dijeron ver en Perú un despliegue y ostentación de fuerzas inusuales y recomendaron investigar a ese Estado por incurrir en delitos de lesa humanidad.
Otras entidades y periodistas internacionales, a diferencia de la gran prensa de Lima, convergieron en criterios similares.
El ejército y la policía de Perú arremetieron contra las demostraciones de descontento popular desde el pasado siete de diciembre, y cobraron la vida de unas 60 personas, muchas de ellas mientras reclamaban la renuncia de la presidenta designada, Dina Boluarte.
La primera mandataria, quien afirma no haber dado órdenes de atacar a civiles, suscitó de esa forma serias dudas.
Los peruanos señalan que si fueran ciertas sus aseveraciones debería precisar quién imparte las órdenes para masacrarlos.
Ayacucho, Juliaca, Puno, Apurimac son algunas de las regiones donde murieron decenas de personas a manos de los uniformados, quienes lanzaron, en contubernio con la prensa, la idea de que los marchistas eran terroristas.
Mientras repiten febrilmente esa argucia la cúpula derechista que controla el Congreso y el vacilante gobierno de Boluarte esquivan las denuncias de que la mayoría de las víctimas durante las protestas han sido personas pobres, preferentemente indígenas y campesinos.
Los familiares provienen de las provincias con pocos recursos financieros y de instrucción para defenderse en términos legales ante los atropellos cometidos.
Frente a ellos se alzan con todo su poderío las élites limeñas, empeñadas en desgastar a quienes desfilaban por las calles.
Con ese mismo propósito actúa la directiva del Congreso, dominado por la derecha, la cual aprovecha la crisis para aprobar proyectos de ley en tiempo breve y engavetar otros de interés popular.
No por casualidad el legislativo y la presidenta designada arrastran una desaprobación mayúscula, aunque poco parece importarles, pues se sienten respaldados por la fuerza.
