Comunidad Indígena en Brasil
por María Josefina Arce
"Onokãe" es una palabra yanomami que significa " un genocidio que mata gente, derrama sangre y acaba con la vida", empleada por esa comunidad indígena para describir lo vivido durante los últimos cuatro años a causa de la minería ilegal y otras actividades económicas, incentivadas por el ex mandatario Jair Bolsonaro.
El nuevo gobierno, presidido por Luiz Inácio Lula Da Silva, comenzó de inmediato a desplegar acciones para revertir el desastre humanitario en las tierras yanomamis y de otros pueblos originarios de la Amazonía.
Estremecedoras fueron las imágenes que salieron a la luz en enero pasado sobre la situación de los yanomamis. Al menos 570 niños murieron de enfermedades curables durante el mandato del ultraderechista Bolsonaro.
En los últimos días Lula Da Silva solicitó al Congreso que retire un proyecto de ley presentado por su antecesor en el Palacio del Planalto, que autoriza la dañina actividad extractiva de oro y otros minerales en las tierras indígenas.
La petición ha recibido el apoyo de buena parte de la ciudadanía, especialmente de los pueblos originarios, que vieron sus tierras invadidas. Decenas de miles de mineros ilegales devastaron la Amazonía, secuestraron aldeas, expulsaron a trabajadores sanitarios y envenenaron con mercurio los ríos, matando a los peces.
La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, señaló que esperaban que el Congreso cumpliera con su función de legislar a favor del equilibrio del medio ambiente, y del bienestar y respeto a los modos de vida de las comunidades indígenas.
Y es que corresponde al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, la decisión de retirar o no de la agenda de votaciones el proyecto, cuya consideración por el órgano legislativo está paralizada desde marzo del pasado año.
El criticado plan no solo autoriza la minería ilegal, sino también la construcción de hidroeléctricas y carreteras en los terrenos indígenas, lo que pone en riesgo la vida de esas etnias y la preservación de la Amazonía, considerada el pulmón del planeta.
El ultraderechista Bolsonaro se caracterizó durante su mandato, de 2019 a 2022, por su discurso discriminatorio y contra el medio ambiente. En sus cuatro años en la presidencia defendió la explotación económica de la Amazonía.
l resultado fue un aumento de la tala y la minería ilegal, que llevó a una cifra récord de deforestación de la mayor selva tropical del planeta. De acuerdo con los datos analizados por el Sistema de Detección de la Deforestación en Tiempo Real la pérdida de la masa boscosa de la Amazonía aumentó un 150% en diciembre de 2022, último mes de Bolsonaro como presidente.
El capitán retirado además, de no delimitar nuevas reservas indígenas para su preservación, debilitó las instituciones medioambientales y las regulaciones sobre el tema.
La llegada en enero pasado de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil ha marcado un giro en la política gubernamental hacia las comunidades indígenas. En una de sus primeras acciones fueron destituidos 50 funcionarios públicos del gobierno anterior, involucrados en violaciones de los derechos de esos pueblos.
Se han dado pasos concretos como la designación de Marina Silva, defensora de la Amazonía, al frente del Ministerio del Medio Ambiente, y la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas.
Esperemos que el Congreso brasileño apoye el esfuerzo del gobierno de Lula Da Silva por hacer justicia a los pueblos originarios, despojados de sus tierras, sumidos en la pobreza, la discriminación y con un acceso deficiente a la salud y la educación.