Nayib Bukele va ahora contra la corrupción.

Por Roberto Morejón

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cumplió cuatro años de mandato envuelto en paradojas, porque sus críticos aumentan mientras ciudadanos ponderan la caída de la tasa de homicidios.
 
Cuando entra en su último año, el gobernante aferrado a las redes sociales presenta como principal triunfo el enfrentamiento sin cuartel a pandilleros.
 
Apoyado en una interminable prórroga del estado de excepción, amparada por el Congreso controlado por el oficialismo, las autoridades han acumulado la escalofriante cifra de 69 mil detenciones, todos delincuentes, según el discurso del poder.
 
Pero lo que el gobierno enarbola cual enardecida conquista es vista por sectores opositores y organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de El Salvador como una ofensiva despiadada, sin maquillaje.
 
Un arrollador informe de la Organización No Gubernamental Cristosal amargó el cuarto aniversario de la ordenanza del Jefe de Estado.
 
El documento expuso que al menos 160 personas detenidas fallecieron bajo custodia estatal e identificó patrones de muertes descritas como torturas.
 
En medio de la marcha frenética contra los delincuentes, cuyas fotos en una supercárcel construida al efecto generan estupefacción, se iniciará una nueva cruzada.
 
Esta vez será contra la corrupción, anunció Bukele, quien dijo que ordenará la edificación de otro penal.
 
Con esas cartas en la mano y el anuncio de una ley para reducir municipalidades que en principio podría afectar a la oposición, el primer mandatario se dispone a luchar por su reelección, cuestionada por sus contendientes.
 
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho afirmó que el fallo que habilita la presentación de la candidatura de Bukele para la reelección carece de legitimidad, pues está prohibida constitucionalmente.
 
No se sabe aún la explicación del gobernante ante las cifras proporcionadas por una encuesta del Banco Central de Reserva, en la que se manifiesta que la pobreza aumentó en El Salvador en 2022, cuando presentaba esa condición 26,6 por ciento de las familias, dos por ciento más que en 2021.
 
En un país donde los ciudadanos rechazaron mayoritariamente la adopción por el gobierno del bitcóin como moneda de curso, no parece que Bukele pueda esgrimir la economía como baluarte de su gestión.
 
Circunscribirse a la guerra antipandillas como su principal tesis parece un arma de doble filo que le obligará a sortear innumerables acusadores.