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Por Guillermo Alvarado

Con una ventaja de más de 11 puntos porcentuales la población chilena rechazó un proyecto de Constitución redactado por la derecha y la extrema derecha, donde se eliminaban conquistas de las mujeres y los trabajadores y se consagraban principios del más brutal neoliberalismo.

Después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, este fue el segundo fracaso en el empeño de dotar al país de una carta magna que sustituya a la impuesta en 1980 por la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

Tanto el presidente Gabriel Boric como la mayoría de los dirigentes de partidos políticos coincidieron en que este proceso llegó a su final, por lo que la ley fundamental pinochetista seguirá vigente durante varios años más.

El resultado fue claramente un revés para el extremista Partido Republicano y sus aliados de las agrupaciones conservadoras, pero también es un llamado de atención a toda la clase política que luce fragmentada y polarizada, incapaz de llegar a acuerdos en beneficio de la población.

Temas urgentes, como la reforma previsional para dar mejores pensiones a los jubilados o un pacto fiscal que obligue a pagar más a quienes más tienen, permanecen atascados en el Congreso.

En estos términos, la población no sólo votó en contra de un proyecto constitucional que hacía retroceder sus derechos en beneficio del gran sector empresarial, sino que también rechazó una forma de hacer política donde cada corriente bloquea a las otras mientras la gente queda indefensa.

Resulta innegable que Chile está inmerso en una creciente ola de inseguridad debido a la acción de la delincuencia común y la introducción de formas desconocidas allí hasta hace poco del crimen organizado.

Eso no es responsabilidad de un gobierno en particular, sino de años de apatía para enfrentar un problema en particular que mantiene en vilo a la población.

Además del miedo de salir a la calle que sufren muchas familias, son frecuentes los escandalosos casos de corrupción, como el más reciente que involucra a unos 50 empresarios que durante años estafaron al fisco.

El sistema escolar, que está bajo responsabilidad de los municipios y no del gobierno central desde los tiempos de la dictadura, padece de graves carencias y la salud pública es un desastre pues muchas personas deben esperar más de un año para ser atendidas por un especialista o recibir una cirugía.

A esto se refiere en realidad el voto contra dos propuestas de carta magna consecutivas. Mucha gente reconoce la importancia de modernizar la ley de leyes del país, pero reclaman que los políticos se dediquen más bien a atender sus urgencias de cada día en lugar de pelear entre ellos.