Por Roberto Morejón

La disposición de duras sanciones de privación de libertad a ciudadanos extranjeros y nacionales por tráfico de drogas resultó llamativa en Cuba, pues no es frecuente ese tipo de casos.

Un tribunal en el oriente del país dictó el fallo en relación con 15 encartados, sentenciados por los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, atentado, portación y tenencia ilegal de armas, entre otros cargos.

Peor aún, el tribunal conoció del hecho grave de pretender el establecimiento de una base de apoyo logístico para ulteriores desembarcos de narcóticos.

Los involucrados, a quienes se les ocuparon abundantes recursos, enfrentaron el peso de una política jurídica penal severa para ese tipo de delitos que incluye sanciones entre los 4 y 30 años de privación de libertad, sanción perpetua o de muerte.

La actuación combinada y oportuna de fuerzas de diversas instituciones, lideradas por el Ministerio del Interior, subrayó la determinación gubernamental de enfrentar acciones del narcotráfico y consumo, a pesar de la difícil situación económica del archipiélago, a causa esencialmente del bloqueo estadounidense.

Los tribunales de la mayor de las Antillas sancionaron a casi 700 personas vinculadas con el trasiego de drogas entre enero y noviembre de 2023.

En ese período, procesaron por delitos de narcotráfico a más de mil 200 cubanos y 13 extranjeros.

Estricta vigilancia ejercen en la Aduana General de la República para evitar que viajeros introduzcan narcóticos.

Los órganos competentes están alertas también para proteger a los ciudadanos, sobre todo jóvenes, del consumo.

Comisiones parlamentarias analizaron a fines del año pasado el problema y recomendaron nuevas medidas para prevenir adicciones.

A partir del incisivo seguimiento se detectaron en la nación caribeña 77 hechos de cultivos de marihuana, así como 94 operaciones de trasiego entre provincias en las que se incautaron 52 kilogramos de estupefacientes, durante los 11 primeros meses del año anterior.     

Aquí se aplica la política de tolerancia cero al tráfico de sustancias nocivas y en consecuencia el país cumple con los instrumentos jurídicos en la materia aprobados por la ONU.

Lo anterior debe servir de advertencia a los narcotraficantes, pues no se depondrán las armas de la ley, incluso ante el aumento de incorporar por vía marítima al país alijos de estupefacientes, modalidad más peligrosa para los suministros al mercado interno.