Huelga de agricultores en España

por Guillermo Alvarado

Esta semana la ciudad de Madrid, la capital española, vivió una situación insólita cuando más de 500 tractores y otros vehículos agrícolas, junto a animales de campo, entraron a esta urbe para exigir al gobierno que escuche sus demandas.

Una situación similar se vive desde hace algunas semanas en varias ciudades de la Unión Europea, donde empresas y trabajadores advirtieron que están al borde de la ruina debido a las duras políticas comunitarias y la competencia de las importaciones desde otros países.

El malestar no es nuevo, pero en esta ocasión está llegando a límites no vistos con anterioridad, lo cual da una idea de toda la cólera acumulada durante los últimos años en un sector que es de vital importancia en cualquier lugar del mundo, porque de allí sale la mayor parte de los alimentos para las personas.

Aunque por ahora los reclamos son dirigidos a los gobiernos, en realidad este es un problema estructural, tiene que ver con la arquitectura de un bloque de naciones con  reglas comunes, pero donde se viven realidades diferentes.

No se puede comparar la agricultura tecnológicamente desarrollada de Francia con la de Portugal o España, pero las normas son las mismas para unos y otros.

Es más o menos lo mismo que sucede en la zona euro con la moneda común, donde las obligaciones afectan de la misma manera a economías poderosas, como la alemana, que a la de Grecia o Italia, por ejemplo.

Pero, volviendo al tema agropecuario, hay otro problema que crea un gran descontento y es el referido a las normas medioambientales y fitosanitarias.

Dentro de la Unión Europea los productores del campo deben cumplir estrictas reglas para el uso de pesticidas, preservantes y otros químicos dañinos a la salud humana o el equilibrio ambiental.

Sin embargo, esas medidas no se aplican de la misma manera a los países de donde se importan cada vez más productos del campo.

Esto se ve claramente con el tomate, pues los agricultores españoles deben acatar la política agrícola común o se exponen a grandes multas y eso implica un aumento en su costo de producción.

Pero al mismo tiempo se compran en el exterior, en Marruecos por citar un caso, miles de toneladas de tomate fresco o procesado, en cuyo cultivo o tratamiento no se utilizaron para nada las normas europeas.

Añádase a esto la excesiva burocracia y el impacto innegable del cambio climático y se comprenderá por qué Madrid, París, Atenas o Copenhague, entre otras, se han convertido en campos de batalla entre agricultores y las fuerzas de seguridad.