Hijos de Madres del Silencio

por Guillermo Alvadado

La dictadura militar de Chile, encabezada por el general Augusto Pinochet, que gobernó a sangre y fuego el país sudamericano entre 1973 y 1990, además de practicar cotidianamente el terrorismo de Estado contra la población, es culpable de otros crímenes horrendos poco conocidos.

Aunque hay algunos registros de casos ocurridos a partir de los años 60 del siglo pasado, fue después del sangriento golpe de Estado contra el Presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende, que se aceleraron las adopciones ilegales de niños nacidos en hospitales públicos.

Eso no ocurrió porque de manera voluntaria los padres de los infantes decidieron ponerlos bajo el cuidado de familias estadounidenses o europeas, ni mucho menos. En realidad se trató del secuestro de niños recién nacidos de madres con escasos recursos o un bajo nivel de instrucción.

Así lo contó Sara Emilia Díaz, una de las mujeres víctimas del robo de su bebé, quien acudió al capitalino hospital Barros Luco para dar a luz a su primer hijo cuando tenía apenas 16 años.

Luego del parto le informaron que su bebé había nacido muerto y le aplicaron un fuerte sedante para mantenerla dormida hasta el día siguiente.

Cuando reclamó el cuerpo de su hijo para darle sepultura le dijeron que había sido destinado para hacer estudios y como ella insistió, “alguien” le aconsejo que no preguntara más “porque le podía ir muy mal”. Corría el año 1974 y los crímenes de Estado estaban a la orden del día.

 La esperanza volvió al cuerpo de Sara Emilia cuando conoció al grupo Hijos y Madres del Silencio (HMS), que en una década logró identificar sin ninguna ayuda del Estado  a más de 300 niños robados y dados en adopción irregular.

De acuerdo con estimaciones de las organizaciones creadas para investigar estos hechos, son unos 20 mil los infantes robados durante el régimen pinochetista y entregados a familias foráneas a cambio de mucho dinero.

En esta turbia operación participaron numerosos  miembros del gobierno golpista o sus familiares, así como médicos, enfermeras, religiosos y abogados.

El ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, reconoció que en los últimos 50 años ningún gobierno había enfrentado este desafío y apenas ahora se ponen en marcha mecanismos jurídicos y tecnológicos para dar con el paradero de los menores robados a sus verdaderos progenitores.

 Una novedad en este aspecto es la utilización de la inteligencia artificial para tratar de obtener una imagen actual de los bebés robados en base al material genético de sus padres, pero la tarea será lenta y trabajosa.