Los nuevos convenios firmados en el sector de la minería exacerban el disgusto de los
ecuatorianos. Foto: El Comercio
Por María Josefina Arce (RHC)
Nada bien ha recibido parte de la ciudadanía de Ecuador el anuncio por el Gobierno del presidente Daniel Noboa de la firma de seis acuerdos de inversión para proyectos mineros, valorados por más de cuatro mil millones de dólares.
Organizaciones indígenas y medioambientales rechazaron la postura de las autoridades de promover al país como destino para ese tipo de actividades, que han ocasionado daños considerables al entorno y puesto en riesgo la supervivencia de los pueblos autóctonos.
Los polémicos convenios fueron suscritos en el marco de la Convención Mundial de Exploración y Minería, celebrada recientemente en Canadá, en la que participó Noboa, primer mandatario ecuatoriano en acudir a ese tipo de evento.
La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, junto a otras organizaciones, señaló que estos acuerdos con transnacionales mineras amenazan los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos originarios.
Recordaron que la experiencia minera en la nación andina es de pobreza y saqueo de los recursos naturales, al tiempo que acusan al gobierno de incumplir obligaciones legales y constitucionales sobre el derecho a consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para avanzar en el extractivismo minero.
Y otro peligro se cierne sobre los territorios indígenas, la posible apertura por el actual ejecutivo del catastro minero, que constituye un mecanismo para la concesión de licencias para los proyectos mineros.
El anuncio fue hecho por la ministra ecuatoriana de Energía y Minas, Andrea Arrobo, durante su participación, también, en Canadá, en la mayor feria del mundo de la minería.
Desde 2018 está cerrado el catastro minero, aunque se ha denunciado que durante estos años se han seguido otorgando títulos y ahora se firman nuevos convenios.
El gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que también puso en práctica una política neoliberal, pretendió abrirlo en varias ocasiones, pero se enfrentó al rechazo de las comunidades indígenas.
Estos grupos protagonizaron, en 2022, una fuerte protesta de más de dos semanas, en contra entre otros aspectos, de los planes de su gobierno de incentivar la minería y la extracción petrolera.
De larga data es el conflicto minero en Ecuador, ante los graves daños ocasionados a la biodiversidad y por poner en peligro la subsistencia de los pueblos indígenas que tienen una relación amigable con la naturaleza.
