Imagen de archivo/RHC

Por Roberto Morejón

El gobierno mexicano reaccionó enérgicamente a  expresiones consideradas injerencistas de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, y estableció una pausa en sus nexos con esas sedes diplomáticas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador intervino en la polémica, luego que el embajador estadounidense, Ken Salazar, y su homólogo canadiense advirtieran sobre lo que ellos evaluaron como riesgos de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México.

Aclaremos que la iniciativa del gobierno para esa innovación está en su camino inicial, al ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

“Hay pausa” en los vínculos, expresó contundente el Jefe de Estado, quien defendió la independencia de su país, aunque aclaró que solo se refiere a los embajadores de Estados Unidos y Canadá, sin afectar las relaciones gubernamentales.

Ciertamente, muchos sectores en México y fuera del país reaccionaron airados a las expresiones del diplomático de la potencia del Norte, quien indicó que la reforma judicial pone en riesgo la democracia en México.

Considerada esa y otras manifestaciones como exabruptos e insolencias por una parte de la prensa y sectores políticos de México, nada parece indicar que bajará la crispación aunque Salazar se apresurara a destacar su respeto del ordenamiento interno del país en el que está acreditado.

Las declaraciones de Salazar no son aisladas pues La American Chamber of Commerce of México y la Cámara de Comercio de Canadá en México también cuestionaron la proyectada reforma judicial, junto a artículos de la prensa corporativa internacional.

La campaña aumentó su tono reprobatorio ante la proximidad de que la reforma sea votada en el Congreso, cuando el Partido Morena y sus asociados dispondrán de los dos tercios, necesarios para modificar la Constitución.

Los opositores a la medida tomaron nota de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum subrayó que el propósito es fortalecer el Poder Judicial y no minimizarlo.

Para el presidente saliente y la primera mandataria electa está claro que durante el presente sexenio el Poder Judicial se opuso a reformas legales introducidas por el gobierno en el poder legislativo, como la reforma eléctrica.

En cualquier caso, las diversas aristas de la reforma judicial deberían formar parte de un debate de la única atribución de los mexicanos.