Aniversario del estallido social en Chile
por Guillermo Alvarado
Se cumplen este viernes cinco años del inicio del estallido social en Chile, sin duda alguna el mayor movimiento de protesta ocurrido en el país sudamericano desde el golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
Desde hace varias semanas, meses incluso, los sectores de la derecha y la extrema derecha vinculados al gran sector empresarial, así como los medios de prensa a su servicio realizan una campaña para tergiversar las razones de la explosión popular y presentarla como jornadas de caos y violencia gratuita.
Incluso circulan encuestas donde supuestamente la mayoría de la población afirma que ese acontecimiento fue nocivo para el país y lo consideran la causa de los males de la actualidad, como la inseguridad y la grave crisis institucional derivada de hechos de flagrante corrupción.
La verdad es totalmente diferente como expresaron unas 60 organizaciones sociales en un comunicado difundido por estos días, donde recuerdan que el detonante fue el incremento del precio del boleto de metro, que provocó protestas entre estudiantes de nivel medio, a quienes paulatinamente se sumaron otros sectores agobiados por la pobreza y las desigualdades.
El 18 de octubre de 2019, sin previo aviso decenas de miles se tomaron las calles del centro de la ciudad de Santiago y cada día se sumaron más y más para rechazar el neoliberalismo, la explotación laboral y la falta de acceso a servicios de salud, educación, vivienda y otros.
Ante el espanto del gobierno presidido por Sebastián Piñera y el gran empresariado, el 25 de octubre un millón 200 mil personas se manifestaron en los alrededores de la Plaza Baquedano, después llamada de La Dignidad, en la marcha más grande de la historia de Chile.
Piñera declaró la guerra al pueblo y lanzó a las calles al ejército y la policía de carabineros que reprimieron sin piedad a hombres, mujeres y estudiantes, varios menores de edad, y, sin embargo, las movilizaciones continuaron.
Como resultado de la brutalidad policial se produjeron 34 muertos, alrededor de 3 mil heridos, de ellos 400 con daño ocular total o parcial, debido al uso indiscriminado de escopetas con perdigones de grueso calibre y granadas de gas lacrimógeno disparadas hacia el rostro de los manifestantes.
En marzo de 2020, ya en los albores de la pandemia de Covid-19, se logró un acuerdo que preveía redactar una nueva constitución, mejorar las pensiones, invertir más en educación y salud y otras garantías sociales.
Cinco años después nada se ha cumplido y los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos siguen en la impunidad.
