Por Guillermo Alvarado

Este fin de semana se realizarán en Chile elecciones  para elegir alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y concejales, un evento que tendrá lugar en dos días, sábado y domingo, y rodeado de una serie de escándalos que involucran al sistema judicial, el ejecutivo y a poderosos empresarios.

Hasta hace poco, estos comicios eran considerados como una especie de termómetro de lo que ocurrirá en los legislativos y presidenciales, que están programados para el año próximo, pero los graves acontecimientos ocurridos en meses recientes les dan un carácter diferente.

Todo comenzó cuando salieron a la luz algunas grabaciones de una reunión entre el poderoso abogado penalista, Luis Hermosilla, su asociada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, donde reconocieron sobornos a funcionarios públicos a cambio de información privilegiada.

Ese fue el punto de partida de un escándalo que reveló una red de corrupción y tráfico de influencias que llegó hasta la Corte Suprema y provocó la expulsión de una magistrada y mantiene en vilo a antiguos funcionarios del gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, así como a hombres de negocios que se beneficiaron de los oscuros manejos de Hermosilla.

En medio de esto, se supo que la antigua ministra de Educación, Marcela Cubillos, y actual candidata de la derecha a alcaldesa de la acomodada comuna capitalina de Las Condes, recibió durante un tiempo un alto salario en la universidad privada de San Sebastián, mientras estaba fuera del país.

Prácticamente por no hacer nada, Cubillos cobraba más de 18 mil dólares al mes, cifra mucho más grande de lo que recibe un académico de alto nivel.

Cuando parecía que las cosas comenzaban a calmarse, surgió una denuncia por violación contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, considerado el hombre fuerte del gobierno en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, quien debió renunciar al cargo para encarar la justicia.

Esto desató una crisis de grandes proporciones en el ejecutivo presidido por Gabriel Boric todavía lejos de apaciguarse y elevó la desconfianza de la población hacia las instituciones, justo en vísperas electorales.

De esta manera, unas votaciones que deberían dar señales de las preferencias rumbo al 2025, muy bien podrían convertirse en una censura hacia toda la clase política en general y los privilegios de los sectores más acomodados.

No se espera que haya una gran abstención, como sería lo normal, porque el voto en Chile es obligatorio y la ausencia a las urnas se castiga con fuertes multas, pero habrá que leer lo que suceda con el sufragio en blanco o nulo, o la elección de candidatos independientes. Ya veremos.