Foto: Prensa Mercosur

Por Roberto Morejón

Como ha ocurrido en otras ocasiones, una instancia oficial de Estados Unidos manipuló el nombre de un prócer de las Américas para calzar una ley hostil contra un país del continente.

En un acto irrespetuoso y lesivo, la Cámara de Representantes aprobó lo que llamó la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario ilegítimo de Venezuela, extemporáneo, pomposo y agresivo título, con nombre abreviado de Ley Bolívar.

El contenido, profundamente sancionatorio, y el apelativo abreviado han causado justo rechazo en el gobierno y pueblo venezolanos, por la ofensa al maniobrar con el nombre del Libertador.

La ordenanza prohíbe al gobierno de la potencia del norte contratar a personas relacionadas comercialmente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y con cualquier sucesor que no sea reconocido por Estados Unidos.

Como se sabe, la administración del saliente primer mandatario Joseph Biden dijo asumir como estadista de Venezuela al opositor de extrema derecha Edmundo González.

Este último, fantoche de la golpista María Corina Machado y preferida de Washington, sostiene ser el ganador de los comicios del 28 de julio, pero el único ente autorizado a emitir ese juicio es el Consejo Electoral, el cual atribuyó la victoria a Maduro.

Como se esperaba, airadas han sido las respuestas de los venezolanos ante la llamada Ley Bolívar, considerada en Caracas una nueva sanción, sumada al arsenal de más de 900.

La Asamblea Nacional discutió y formuló un proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo de Washington y la Defensa de la República Bolivariana.

En profundo debate, los legisladores venezolanos destacaron que la ley en ciernes constituye un instrumento jurídico para enfrentar las puniciones externas destinadas a quebrantar al país, contrarias al Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

Los venezolanos consideran el proyecto de ley necesario y oportuno para evitar la impunidad de los opositores fanáticos que instan a Washington a tales desatinos y luego intentan postularse para cargos de elección pública.

Los promotores defienden la dignidad patriótica y antimperialista de Simón Bolívar, falseada por los miembros de la Cámara norteamericana de Representantes.

El debate sobre la ley ocurre en momentos de efervescencia política y social en Venezuela, donde el gobierno apuesta por la institucionalidad, aglutina fuerzas y sienta bases conceptuales.

Como se reafirma en esos encuentros, El Libertador es símbolo de libertad y no de penalidades, de autodeterminación y no de sometimiento.