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Por María Josefina Arce
Las protestas en la ciudad amazónica de Archidona, en la provincia ecuatoriana de Napo, no ceden, ante los planes del gobierno del presidente Daniel Noboa de construir una cárcel de máxima seguridad en ese territorio, de mayoritaria población indígena.
Desde hace más de 10 días los pobladores mantienen las movilizaciones y han llevado a cabo diversas acciones como bloqueos de carreteras e incluso la toma de la Gobernación de Napo.
Las protestas se intensificaron, tras sumarse el movimiento indígena y otras organizaciones sociales del país andino, que amenazan con extenderlas a toda la Amazonía.
La ciudadanía denuncia, entre otras cuestiones, que el proyecto se oficializó de manera arbitraria y sin una consulta previa a las comunidades de la zona, un derecho que establece la Constitución de 2008, aprobada bajo el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.
Los pobladores de Archidona temen asimismo, por la seguridad de niños y jóvenes, ya que cerca del terreno donde se construirá la instalación hay cuatro centros educativos, a los que asisten aproximadamente cuatro mil menores de edad.
También señalan que se verán afectadas actividades económicas esenciales para su sustento como el turismo y el comercio.
Amanda Grefa, alcaldesa de Archidona, ha criticado que se de prioridad a un proyecto de ese tipo,a un costo de 52 millones de dólares, y no a la ejecución de obras para mejorar la educación, la salud y el sistema vial de Napo por supuestas carencias presupuestarias del gobierno.
La Asamblea Nacional de Ecuador también aprobó una resolución que llama al presidente a desistir de la construcción en Napo y en cualquier lugar de la Amazonía de una cárcel de máxima seguridad.
El conflicto llevó a la renuncia el pasado día 7 de la gobernadora de Napo, Marlene Cabrera, ante la falta de respuesta del gobierno a los reclamos de la ciudadanía de la zona.
Pero Noboa persiste en sus planes y la pasada semana ya fue adjudicada a una empresa la edificación de esa segunda megacárcel
Ya en junio pasado oficializó la construcción de la otra cárcel de máxima seguridad, que estará situada en la provincia costera de Santa Elena, que también ha provocado el rechazo de los pobladores del área, quienes solicitaron a la justicia que detenga la obra.
Estos proyectos forman parte del denominado Plan Fénix, la estrategia de Noboa para enfrentar la violencia y el crimen organizado, y que ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad por no desarrollar otras acciones que lleven al mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos y cierren la puerta a la criminalidad.