@PresidenciaCuba

Por: Roberto Morejón

Al tiempo que admitía que la medida le había sido solicitada anteriormente por actores internacionales, la administración estadounidense de Joseph Biden retiró, por fin, a Cuba de una lista de los que en Washington consideran patrocinadores del terrorismo.

Además de injusta, la inclusión estuvo basada en artificios y falsedades y fue adoptada por la inicial administración de Donald Trump, como ofrenda a la extrema derecha de la emigración de origen cubano.

El sucesor de Trump en la Casa Blanca, el demócrata Joseph Biden, la sostuvo a pesar de su inconsistencia, el rechazo y denuncias de la mayor de las Antillas.

Pedidos al respecto también hicieron organizaciones de derechos humanos y congresistas estadounidenses, así como gobiernos, entre ellos el de Colombia.

Desde su toma de posesión, el presidente Gustavo Petro reclamó a Estados Unidos el fin de la permanencia de Cuba en la ilegítima enumeración, además de subrayar el papel positivo jugado por La Habana en los diálogos de paz.

Otro gobernante estadounidense, Barack Obama, había retirado en 2015 a la mayor de las Antillas del adulterado inventario, cuando Washington y La Habana emprendieron una etapa hacia la normalización de relaciones.

El gobierno del archipiélago caribeño ha denunciado en foros internacionales y en conversaciones con homólogos de otros países el nocivo impacto de la inserción de Cuba en la referida lista.

Esa designación, junto al bloqueo estadounidense, actúan como pesados lastres para la economía, transacciones financieras, accesos a créditos y el comercio.

Por esas dos razones, Cuba hoy afronta una aguda escasez material que repercute en el nivel de vida de los ciudadanos.

Para ahondar en las penurias está enfilada también la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton, sustento de la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de su país la expropiación de lo que consideran sus posesiones en Cuba.

Pues bien, la Casa Blanca informa que usará su prerrogativa presidencial para impedir la toma de acciones en este sentido en tribunales estadounidenses.

Además de los dos pasos referidos, la administración Biden eliminó la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.

En una rápida reacción, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores calificó los anuncios de pasos  en la dirección correcta, aunque limitados.

Recordó la persistencia del bloqueo y buena parte de las decenas de medidas coercitivas puestas en vigor en 2017 para recrudecerlo.

Para los cubanos, está claro que las precisiones informadas en Washington debieron ejecutarse mucho antes, pues los argumentos abundaban, además de ser injustificable la permanencia de políticas crueles para asfixiar a un país vecino.

El gobierno cubano acaba de reafirmar que continuará su enfrentamiento y denuncia de esas políticas.

Pero, acotó, permanecerá dispuesto a una relación de respeto con Estados Unidos, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro.