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Por: Roberto Morejón

A la extrema derecha de la emigración de origen cubano y a congresistas estadounidenses de ese alegado origen, les resulta complejo contrarrestar la aprobación internacional a la decisión de la saliente administración de Joseph Biden de retirar a la mayor de las Antillas de la lista de países que, según Washington, patrocinan el terrorismo.

Presidentes, primeros ministros y líderes de organizaciones políticas y sociales han manifestado sus congratulaciones, pues, como han señalado muchos, Cuba nunca debió estar en esa enumeración adulterada y arbitraria.

En muchos de los pronunciamientos, se aplaude además la suspensión de la aplicación del Título III de la anticubana Ley Helms-Burton.

Como se sabe, ese instrumento legal constituye una arbitrariedad y viola el Derecho Internacional al pretender juzgar en cortes estadounidenses a personas y entidades por sus vínculos económicos con la nación caribeña.

La tercera decisión de la administración norteña también acarreó salutaciones, sobre todo en Cuba.

Fue así porque quedó abrogada una de las aristas acuciantes del bloqueo estadounidense, la de sancionar a empresas cubanas, al incluirlas en la llamada Lista de Entidades Restringidas.

Aunque muy tardíamente y con alcance limitado, pues el asedio de la potencia del Norte sigue en pie, las decisiones tomadas en la Casa Blanca antes de la partida de Biden revisten importancia.

Señalan el reconocimiento indirecto de sus promotores del fracaso del plan para un cambio de régimen en el país caribeño, y de que el bloqueo les genera un acentuado aislamiento internacional.

Nadie niega que el recrudecido boicot, dictado por Donald Trump en su primer mandato y dejado en pie, salvo algunos cambios, por Biden provocó graves carencias materiales en Cuba.

Pero desde este pais corresponde seguir demandando su fin, al tiempo de defender la soberanía y reiterar disposición al diálogo, siempre desde una posición e respeto.

Igualmente, en la tierra de José Martí prosiguen los ingentes esfuerzos para salir de la crisis económica y continuar la institucionalización del país.

Como parte de ese proceso debe interpretarse la decisión del gobierno de Cuba de excarcelar a más de 550 personas privadas de libertad por diversas causas, hecho destacado por el Papa Francisco.

Esta práctica, que es común en el sistema de justicia doméstico, confirma la política humanitaria de Cuba y brinda señales de la disposición a trabajar por la paz interna y con el adversario histórico, Estados Unidos.