Tratado de Libre Comercio

por Guillermo Alvarado

El primer episodio de la guerra arancelaria iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra sus vecinos Canadá y México, a quienes amenazó con imponerles un arancel extraordinario del 25% a sus exportaciones, finalizó, por así decirlo, con un empate.

La víspera el magnate inmobiliario, devenido inquilino de la Casa Blanca, conversó con sus pares norteamericanos y tuvo que batirse en retirada tras recibir contundentes respuestas de quienes, además, son sus socios en un Tratado de Libre Comercio.

De hecho las intenciones del furibundo presidente Trump significaban volar en pedazos ese acuerdo, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y cuya actualización él mismo negoció durante su primer período para asegurarse las principales ventajas.

Puede ser que alguien suficientemente cuerdo le haya soplado al oído que deshacerse del tratado es muy mal negocio y que la respuesta de sus socios de aplicar aranceles adicionales a los artículos producidos en Estados Unidos tendría un impacto negativo en la economía de esa potencia, el caso es que puso una demora de un mes a las cargas aduaneras.

El hecho es que se acordaron negociaciones durante febrero, en las cuales sin duda alguna tanto México como Canadá presentarán sus exigencias, para armonizarlas con las propuestas de la Casa Blanca.

Una de las excusas de Trump para intentar castigar a sus vecinos es el tráfico de estupefacientes por ambas fronteras, un tema que realmente es urgente resolver por sus elevados costos humanos, así como por los desafíos que representa para la seguridad regional.

Lo que Washington debe terminar de comprender es que ni Canadá o México, y ni siquiera los países productores de estupefacientes son los realmente responsables de este fenómeno, cuya causa radica en el enorme mercado de consumo, el mayor del mundo, asentado en Estados Unidos.

El mismo presidente, que gusta presentarse como un avezado economista, debe saber que es la demanda la que genera la oferta, y no al revés. Desaparezca el consumo en la sociedad norteamericana, y desaparecerán la producción y el trasiego de drogas.

Todas las administraciones anteriores han insistido en plantear el asunto en términos policiales o militares, lo cual es un craso error, porque es un tema de salud pública, de prevención y de tratamiento a los adictos, de lo que casi nunca se habla. Otro asunto es el económico y el manejo de las finanzas generadas por ese oscuro negocio, que merece atención aparte.