Captura de pantalla de El Avance

Por: Roberto Morejón

En presencia del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, se alistó la confiscación por Estados Unidos de un avión venezolano, de paso en República Dominicana, en un hecho considerado violatorio de las normas internacionales.

El jefe de la diplomacia estadounidense asistió al despojo, con cuyo acto lo acuñaba, a pesar de su naturaleza sórdida.

Como en los tiempos del viejo Oeste, Estados Unidos concretó la apropiación, luego de que por sus instrucciones, en octubre del año pasado, las autoridades dominicanas retuvieran el aparato.

Como era de esperar, el gobierno bolivariano respondió a lo que calificó de robo descarado por la administración de Donald Trump de una aeronave propiedad de la nación venezolana.

Caracas responsabilizó directamente a Marco Rubio, quien visitó República Dominicana, por impartir las órdenes para un episodio que evaluó de hostil y de delito abierto.

Las informaciones al respecto en la prensa occidental se regodean en las anécdotas del decomiso, sin señales críticas hacia un hecho de piratería.

Mucho más cuando no se trata de la primera acción de su tipo contra Venezuela, pues otro de sus aviones oficiales, en tareas de mantenimiento, fue confiscado en República Dominicana el 2 de septiembre del año pasado y trasladado a Florida, por instrucciones de Washington.

Estados Unidos incautó otro avión venezolano, esta vez en Argentina, a inicios de 2024.

En complicidad con su amigo, el ultraderechista presidente Javier Milei, la administración de Joseph Biden usurpó una aeronave, la trasladó a su territorio y la desmanteló.

El avión era propiedad inicial de la compañía iraní Mahan Air, a la que Estados Unidos sanciona, como al país persa, como parte de sus coerciones internacionales basadas en argumentos unilaterales.

Venezuela denunció entonces que el secuestro en Argentina del avión tipo Boeing 747-300 era utilizado en misiones humanitarias.

Con estas retenciones, Estados Unidos viola las normas de la aviación civil y de derechos comerciales, civiles y políticos.

No es casual que se adueñe de bienes pertenecientes a Venezuela, pues le ha aplicado más de 900 sanciones por incomodarle su rumbo político y decisiones soberanas.

No obstante, la administración Trump despachó a un enviado especial a Caracas recientemente, en lo que analistas interpretaron como un resquicio hacia la cordura, en aras del diálogo entre naciones soberanas.

Pero la incautación de otra aeronave venezolana pone en entredicho el alcance de ese viaje.