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Por María Josefina Arce

En El Salvador la sociedad civil no detiene sus acciones en rechazo a la Ley de minería metálica, sancionada  en diciembre del pasado año por la Asamblea Legislativa  a propuesta del presidente Nayib Bukele y que buena parte de la ciudadanía considera  lesiva para la nación centroamericana.

Es así que ha sido presentado en las últimas horas  ante la Corte Suprema de Justicia un  recurso de inconstitucionalidad de la controvertida legislación, cuya aprobación echó por tierra años de lucha que llevaron a que en 2017 fuera prohibida esa actividad extractiva.

El instrumento jurídico fue interpuesto  por diversas organizaciones como  el Comité Nacional Monseñor Romero y la Alianza Nacional contra la Privatización del agua, que señaló que la ley es una  amenaza real al derecho humano al preciado líquido y para  los ecosistemas del país.

La alianza afirmó, en un comunicado,  que El Salvador no puede continuar con la apuesta de crecimiento económico a costa de afectar el acceso de sus ciudadanos al agua.

Ya el Comité Nacional Monseñor Romero había entregado la pasada semana en la Asamblea  Legislativa 150 MIL firmas de ciudadanos que se oponen a la actividad minera en el territorio salvadoreño.

Varias  organizaciones se han dado a la tarea de recolectar  firmas en contra de la norma, que, subrayan,  no fue llevada a consulta ciudadana y fue aprobada sin que las instancias estatales encargadas del medio ambiente y el agua emitieran sus opiniones sobre sus posibles impactos.

Se estima, según datos de agrupaciones ambientalistas,  que esta actividad extractiva afectaría a unos 4 millones de habitantes de El Salvador, cuya población es de poco más de seis millones.

Desde un principio se ha insistido en que se pondría en peligro la cuenca del río Lempa, que abastece  del preciado líquido a 70 por ciento  de la población del país centroamericano.

Desde que se aprobó la ley son varias las acciones realizadas para expresar el rechazo popular. En enero pasado por ejemplo, se efectuó frente a la Biblioteca Nacional  en San Salvador, la capital, un plantón por la vida, convocado por la juventud.

Hasta el momento se desconoce si ya se han hecho concesiones a empresas foráneas dedicadas a la explotación minera, pero lo que sí está claro es que buena parte de la sociedad salvadoreña está en contra de esta actividad extractiva, que para nada es "sostenible" como la intenta presentar el presidente Bukele, pues daña el medio ambiente y la vida en general.