Foto: escambray.cu
Por: Roberto Morejón
El Norte industrializado aumentó en los últimos años los actos de coerción para castigar, amenazar y hasta presionar a otros Estados por no someterse a patrones al uso o a dictados de esas potencias.
Por eso es oportuno subrayar que el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos reconoció recientemente el impacto negativo de las sanciones unilaterales aplicadas, fundamentalmente, por Estados Unidos.
Un total de 28 países admitieron en Ginebra, sede del Consejo, el golpe nefasto de las sanciones sobre las prerrogativas ciudadanas.
La determinación vio la luz luego de una votación que arrojó asimismo tres abstenciones y 16 en contra, resultado puesto de relieve por el canciller venezolano, Yván Gil, pues su país ha sido objeto desde 2014 de más de mil medidas coercitivas unilaterales.
Adoptadas en su mayoría por Estados Unidos, aunque con la participación en menor rango de la Unión Europea y Canadá, las prácticas restrictivas deterioraron la economía de Venezuela.
El bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba actúa como una modalidad de asfixia y guerra económica, para buscar deliberadamente el colapso de la economía, sin detenerse en las consecuencias humanitarias.
De acuerdo con datos oficiales aportados por La Habana, en más de seis décadas, el bloqueo de Estados Unidos costó a Cuba más de 164 mil millones de dólares en daños y unos 5 mil millones de dólares en pérdidas solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024.
La acción punitiva de Washington contra el archipiélago caribeño le dificultó comprar combustible, acceder a bienes esenciales y obtener repuestos para su red eléctrica.
Como han señalado los países del Sur, en Derecho Internacional no existe norma jurídica que autorice a un Estado a imponer sanciones unilaterales bajo el pretexto de que un gobierno no es afín a su patrón político.
La Carta de las Naciones Unidas, en particular el artículo 2.4, prohíbe la amenaza de la fuerza o su propio empleo en las relaciones internacionales.
Los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar esa prerrogativa, de conformidad con las disposiciones de la Carta.
Si bien Estados Unidos y algunos de sus aliados ignoran resoluciones como las de la Asamblea General de la ONU, su diplomacia de garrote no podrá impedir que cada vez más gobiernos definan a las sanciones como violaciones graves de Derecho y de toda norma de convivencia pacífica.
