Por: María Josefina Arce
La derecha venezolana, ahora en mayoría en el Parlamento, pretende poner en la calle a personas vinculadas con delitos como terrorismo, narcotráfico y corrupción, tras aprobar en las ultimas horas en segunda discusión la criticada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Llamada ley de amnesia criminal, ese instrumento ha sido remitido para su ratificación al presidente Nicolás Maduro, quien dejó clara su oposición a esa legislación que protege, apuntó, a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas.
Un amplio rechazo ha despertado la acción de la bancada derechista entre organizaciones sociales venezolanas y los diputados del Gran Polo Patriótico por considerar que se trata de una aberración jurídica y política que promueve la violencia.
Con esta ley sería, por ejemplo, puesto en libertad Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión por instigar las acciones violentas de 2014 contra el gobierno constitucional que dejaron más de cuarenta muertos y cientos de heridos.
La realidad es que esta ley de la oposición promovería la impunidad en Venezuela, una nación que en los últimos meses ha sido objeto de una fuerte campaña de la derecha venezolana, apoyada por la oligarquía internacional, para desatar el caos y la desestabilización del legítimo gobierno de Maduro.
De acuerdo con los analistas, casos de responsabilidad en asesinatos, estafas, intentos de golpes de Estado y corrupción de parte de activistas políticos vinculados a la oposición podrían ser “olvidados” y promover la impunidad de los crímenes contra el pueblo venezolano.
Ese es el caso de Manuel Rosales, ex alcalde de Maracaibo, imputado en 2008 por enriquecimiento ilícito y que como muchos de los que se beneficiarían con la amnistía huyeron del país para evitar entregarse a la justicia y enfrentar el debido proceso.
Para conseguir sus fines a la oposición no le importa que queden libres traficantes de drogas y de armas y explosivos, así como quienes hayan sido detenidos, acusados o juzgados por instigación a delinquir o quienes hayan utilizado a menores en la ejecución de actos contra la ley.
La realidad es que desde que asumió el control de la Asamblea Nacional a la derecha solo le ha interesado buscar una abierta confrontación con el gobierno y el pueblo venezolano para cumplir su objetivo de derrocar al presidente Maduro, poner fin a las conquistas de la Revolución Bolivariana e instalar un modelo neoliberal para llenar sus bolsillos.
Tras cuatro meses de instalada la nueva Asamblea Nacional aún no se han planteado proyectos de ley que ayuden al desarrollo país y al bienestar de la mayoría de los venezolanos.
