Por: Guillermo Alvarado

Más de cien días han transcurrido desde las elecciones legislativas del 20 de diciembre pasado y España sigue sin tener un nuevo gobierno, en lo que constituye la crisis política más prolongada desde el final de la dictadura franquista y el comienzo de la llamada etapa democrática en ese país europeo.

Numerosas tentativas se han llevado a cabo, pero una tras otra fracasaron porque ningún partido tiene la fuerza necesaria para imponer su línea y lo único en que la mayoría parece estar de acuerdo es en que Mariano Rajoy, presidente del gobierno en funciones, debe salir del poder.

Esta semana el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la organización Podemos lograron importantes avances para formar un ejecutivo, pero de inmediato la agrupación derechista Ciudadanos dijo que no aceptaría ese pacto ni siquiera si Pablo Iglesias, líder de Podemos, renuncia a ocupar un cargo en la dirección del país.

Como se conoce, los comicios legislativos dieron al traste con el tradicional bipartidismo que durante décadas ha funcionado en España, pero dejaron como resultado un Parlamento muy fragmentado, lo que obliga a arduas y casi siempre estériles negociaciones.

El Partido Popular, de Rajoy, ganó técnicamente las elecciones con 123 escaños, seguido por el PSOE, que alcanzó 90, Podemos quedó con 69 y Ciudadanos conquistó 40 diputados.

Para formar gobierno se necesitan por lo menos 176 legisladores a favor en la ronda inicial y una mayoría simple en la segunda vuelta, pero por primera ocasión en la historia de ese país ibérico, esto no se ha logrado.

Mientras tanto el tiempo se escurre de entre los dedos y dentro de un mes, el 2 de mayo exactamente, vence el plazo otorgado por la ley o de lo contrario habrá que convocar de nuevo a elecciones, posiblemente a finales de junio, con un resultado impredecible por lo que la crisis puede extenderse de manera indefinida.

Para colmo, se conoció en estos días que España incumplió sus compromisos financieros con la Unión Europea al sufrir un déficit en sus cuentas públicas del 5,2 por ciento, superior a lo pactado con Bruselas que exige un límite máximo de tres puntos, aunque en 2015 había dado a Rajoy un margen de hasta cuatro unidades.

Esto complica aún más la situación del derechista Partido Popular en caso de eventuales comicios, en una sociedad descontenta por los planes de ajuste que llevaron a la pobreza y el desempleo a millones de personas en la última década.

Lo increíble de esta situación es que a pesar del desastre causado en su propio país, Mariano Rajoy todavía se atreve a pretender dar lecciones de democracia a Venezuela como si él fuera muy solvente o se pudiera convertir en ejemplo.

Es verdad que nadie puede mirar sus propios ojos, aunque muchos afirman que para eso existen los espejos. Sería bueno que el presidente provisional del gobierno español se consiguiera uno bien grande y aprendiera un refrán muy popular que dice que en boca cerrada, no entran moscas.