Por: Pedro Martínez Pírez
A pocos días de su Séptimo Congreso el Partido Comunista de Cuba ha hecho saber a las fuerzas políticas y sociales amigas en el mundo que el pueblo cubano y su vanguardia organizada mantendrán la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington y no descansarán hasta ver izada la bandera cubana en el territorio que ilegalmente ocupa Estados Unidos en la provincia de Guantánamo.
En el mensaje que he recibido desde México y que firma el Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se señala que el Congreso se celebrará, del 16 al 19 de abril, en un clima internacional marcado por la crisis mundial y la agudización de las contradicciones geopolíticas globales, mientras que en el contexto latinoamericano se recrudece la contraofensiva imperialista y de la derecha contra los procesos revolucionarios, democráticos y liberadores del continente y contra los esfuerzos integracionistas en el área.
En el documento el Partido Comunista de Cuba reconoce los desafíos que impone el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos, porque importantes sectores estadounidenses mantienen el objetivo de erosionar las bases de y derrocar el sistema político cubano a través del acercamiento y la influencia directa.
Subraya el documento que la normalización de las relaciones con Estados Unidos abre un nuevo camino en la batalla de ideas, entre la solidaridad y el individualismo, entre la inclusión y el desprecio, entre el designio de Monroe y el espíritu de Martí, entre la explotación y la justicia social, entre la dominación neoliberal y la soberanía e integración latinoamericana.
Luego de reiterar que Cuba aspira a alcanzar una convivencia civilizada con el gobierno de Estados Unidos, el documento del Partido Comunista advierte que seguirá denunciando los planes de injerencia y la financiación de grupos contrarrevolucionarios dentro de Cuba, así como las ilegales transmisiones radiales y televisivas violadoras de la soberanía cubana y pagadas con los fondos públicos del Gobierno estadounidense.
