Por: Guillermo Alvarado

La medida del presidente de Argentina, Mauricio Macri, de vetar la ley de defensa del empleo promulgada hace pocos días por el Congreso de la República, significa la decisión del jefe de Estado de entrar en una etapa de confrontación directa con la clase trabajadora y alinearse con el poderoso sector empresarial.

El cuerpo legal tiene como objetivo defender a los empleados, tanto del sector público como del privado, de los despidos injustificados que lleva adelante el gobierno y que en cinco meses dejó en la calle a más de 150 mil personas.

Se trata de un saldo pavoroso, con un promedio al día de mil puestos de trabajo destruidos, incluyendo sábados, domingos y días festivos.

En defensa del veto, Macri utilizó un argumento curioso: dijo que en los últimos cinco años el país no había generado empleos. Esto es a todas luces incierto y va en contra de las estadísticas oficiales en materia de mercado laboral.

Lo que sí es cierto, está demostrado, es que en cinco meses la Argentina del cambio, según Macri, sí generó desempleo y eso se refleja en la caída de la aprobación popular a la gestión del ejecutivo.

No es casual que este fin de semana cuatro de las principales organizaciones sindicales hayan criticado con dureza el veto presidencial y se preparen intensas jornadas de protestas, que podrían llegar incluso a un paro nacional, para demostrarle a las autoridades el descontento de quienes perdieron su fuente de ingresos, o la ven en peligro inminente.

De acuerdo con los líderes gremiales de la nación austral, anular la ley emitida por el organismo legislativo acelera el proceso de unificación de los trabajadores y genera un escenario de conflictividad en todo el país.

No es para menos, porque la situación es cada vez más grave. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, revela que hay una caída en los principales sectores productivos.

Las ventas minoristas disminuyeron 5,8 por ciento en marzo de 2016, el peor resultado desde diciembre, la construcción lleva cuatro meses de retrocesos continuos, la producción siderúrgica entró en declive en noviembre del año pasado y el complejo automotriz frenó sus exportaciones.

De acuerdo con el CEPA, hay una pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios debido al alza inmoderada de los servicios públicos, incluida la energía eléctrica, el transporte, el gas y el agua, lo que quiere decir que tampoco los que han conservado su trabajo la están pasando bien.

Por otra parte, la tendencia al cese de trabajadores en el ámbito público y privado aún no se ha estabilizado y en los meses venideros podría agudizarse.

Debe tomarse en cuenta también que casi una tercera parte de la población en edad laboral está sumergida en el trabajo informal, donde no reciben ningún beneficio de la seguridad social y otras garantías.

El escenario está puesto para un alza de la lucha de clases y quizás la chispa que vaya a detonar el conflicto haya sido el absurdo veto presidencial a una ley que, en definitiva, sólo buscaba proteger a los trabajadores argentinos y sus familias.