por María Josefina Arce

Puerto Rico vive una crisis económica que ha incidido con fuerza en la población y que sin dudas, tiene su origen en su condición colonial. Con una deuda de más de 72 000 millones dólares que el gobierno se ha declarado incapaz de saldar, la nación caribeña no puede declararse en quiebra.

La causa hay que buscarla a principios del siglo XX cuando Puerto Rico acababa de ser adquirida después de la Guerra Hispano-Estadounidense. En aquel entonces cinco jueces dictaminaron que "la isla de Puerto Rico es un territorio anexo y perteneciente a Estados Unidos, pero no forma parte de Estados Unidos dentro de las cláusulas de ingresos de la Constitución".

Más claro ni el agua, se aplicaba al país las partes de la Constitución que convenía al norteño país, determinadas por demás por el Congreso norteamericano, situación que se ha mantenido durante 118 años.

Para venir a reafirmar lo que muchos saben, recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley de quiebra puertorriqueña, al determinar que el denominado Estado Libre Asociado carecía de la soberanía, contrario a lo que Washington argumenta con el propósito de sacar a Puerto Rico de la lista de países coloniales de la ONU.

El Colegio de Abogados y Abogadas de ese hermano pueblo llamó a viabilizar la solución del estatus político, una demanda del Movimiento Independentista Nacional de Puerto Rico, que ha señalado en reiteradas ocasiones que el primer problema de la isla no es económico, es político, debido a su condición colonial.

El presidente del colegio, Mark Anthony Bimbela, afirmó que "Cuando tienes un pueblo al que le obligan a utilizar la marina mercante más cara del mundo, encareciendo el costo de vida en Puerto Rico; a un Congreso que nos impone despóticamente una junta de control fiscal; incluso un tribunal federal que te puede reglamentar el precio de la leche, en detrimento del consumidor y la industria nacional, es más que evidente que vivimos en un sistema antidemocrático y colonial".

El hecho es que la situación es insostenible para el pueblo. Actualmente el desempleo en Puerto Rico es del 12%, más del doble de la tasa de Estados Unidos, mientras que más de 40% de su población vive en condiciones de pobreza.

Trabajos mal pagados, pobre educación, servicios de salud limitados, deterioro urbano, viviendas abandonadas y alto costo de la vida caracterizan el panorama puertorriqueño.

América Latina ha reiterado en diversos foros internacionales como el Comité de Descolonización de la ONU el derecho de Puerto Rico a su soberanía y libre autodeterminación.

De hecho ese organismo, establecido por la ONU en 1961, ha adoptado 34 resoluciones similares, todas ignoradas por Estados Unidos, que en 1953 aseguró a la ONU que los boricuas habían alcanzado la autonomía.

Lo cierto es que el sistema político instaurado en Puerto Rico por Estados Unidos solo ha legitimado la intervención militar, política y económica estadounidense, negando al pueblo boricua su soberanía e independencia y una vida digna.