Por: Arsenio Rodríguez (Mundo)

El Presidente no electo de Brasil ha logrado sortear todos los obstáculo legales y políticos de manera tal que se mantiene en el cargo y aunque de hecho no gobierna, se ha trazado la meta de llegar hasta el final del presente período presidencial, gracias al apoyo de poderosos amigos locales y externos, sobre todo en el sector económico.

Son muchos los intereses que están en juego y a pesar de las maniobras de sus amigos, aún no han podido encontrar una figura política capaz de representarlos tanto ahora como para las próximas elecciones.

Entre corruptos está la jugada y unos y otros se cuidan sobremanera en estos momentos del peligro, provocado por el rechazo y condena de las masas al actual gobernante y a la clase política. A Temer solo le toca mantener el contrapeso en la cuerda floja de la política.

Los potenciales escenarios que auguraban los analistas de la realidad brasileña nunca pudieron concretarse, sobre todo por la escasa, para no decir nula, popularidad del mandatario, lo que constituyó y constituye un elemento clave que limitó las intenciones para que la derecha pudiera encontrar una salida a la crisis que desgasta al gigante sudamericano.

Ya descartada la posibilidad de unas elecciones directas, o la de comicios indirectos, el momento que vive el país es mucho más que sombrío y evidencia una importante coyuntura que pudiera ser aprovechada por los dirigentes de izquierda.

Y es que tanto Temer como las posibles figuras para el rejuego político, están no solo acusados por corrupción, sino que esperan ser procesados según las leyes nacionales, lo que no ha acontecido porque los males de los que se acusa al mandatario, gravitan también sobre quienes pudieran juzgarlo, así de simple.

Hace solo semanas se formalizó la petición de un juicio, lo que le hubiera permitido al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, asumir por 90 días el cargo y llamar a comicios indirectos, pero no pudo ser porque es uno de los tantos funcionarios que actualmente es investigado por corrupción, relacionado con el sonado caso de la empresa Odebrecht, que no solo afecta a Brasil sino mucho más allá de sus fronteras.

Ahora bien, el empresariado brasileño que promovió en su momento el juicio político contra Dilma Rousseff para que Temer pudiera impulsar una serie de reformas en el Congreso, insiste en mantenerlo en el cargo a pesar del generalizado rechazo popular. Además de lo logrado, faltaría la transformación del sistema de pensiones y jubilación y una reforma laboral que ataca derechos fundamentales de los trabajadores, ambas con rango de enmiendas constitucionales y que son combatidas fuertemente por los sindicatos y centrales obreras, así como por el rechazo mayoritario del pueblo.

Un economista del país suramericano señaló que con el argumento de “dar confianza a los mercados” –eufemismo para impulsar medidas que amplíen sus ganancias– los patrones exigen que tales reformas se aprueben ante un eventual llamado a elecciones anticipadas.

La senadora Gleisi Hoffmann, exjefa del gabinete de Dilma y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) señaló en junio, poco antes del Congreso de esa organización: “creo que estamos enfrentando una nueva fase, el PT tiene que estar preparado para esa nueva fase. Nosotros ya fuimos gobierno, salimos del gobierno, luego pasamos por un período difícil y creo que comenzamos a recuperar nuestra relación con la sociedad brasileña, estamos iniciando esa recuperación”.

Todo indica que la solución a la actual crisis política no surgirá ni de las instituciones del Estado ni de acuerdos parlamentarios, incapaces de resolver la corrupción, venalidad y latrocinio que caracteriza a los políticos brasileños. Es en este contexto donde Michel Temer demuestra sus cualidades de equilibrista y mientras se defiende de las acusaciones y posibles juicios gana tiempo para ver si finalmente lograr llegar hasta el final de su espurio mandato presidencial.