Por: Miguel Angel García Alzugaray
El pueblo cubano ha acogido con gran entusiasmo el anuncio de la reforma total de la Constitución, pues sabe que será el protagonista principal de un histórico proceso que debe conducir a una Ley de Leyes más atemperada a los tiempos actuales y a los cambios impulsados en la nación durante los últimos años.
Integrada por 33 diputados, incluidos varios jóvenes, la Comisión Parlamentaria que preside el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, trabaja desde principios de junio en la redacción del anteproyecto de la constitución, el cual será analizado en el Parlamento y sometido a consulta popular, antes de aprobarse el texto definitivo en un referendo.
La Constitución es un acto jurídico, un sistema de normas, pero es ante todo, un fenómeno histórico y social concreto. La Ley fundamental determina la esencia del poder del Estado en la sociedad y establece la situación del individuo con respecto al Estado.
Es por tanto un fenómeno social objetivo que consolida la base económica del Estado, las formas de propiedad y el sistema de economía, las formas de gobierno y los principios fundamentales de organización y actividad de los órganos estatales, determinando las relaciones entre los órganos del poder público y entre el Estado en conjunto y sus partes y los deberes y derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, una Constitución es resultado, de una tradición jurídica y política, de las doctrinas e ideas políticas de las fuerzas prevalecientes acerca de lo necesario o no para reafirmarse en el poder, cómo hacerlo y contra quién hacerlo; lo es también de nociones acerca de lo justo o lo injusto, de la equidad, la igualdad y del valor y la utilidad que se le reconozcan al Derecho en general.
En otras palabras, de la concepción prevaleciente acerca de lo que es una Constitución y sus funciones básicas dependerá el diseño de su acción y el fundamento de su eficacia en la sociedad. Una Constitución no tiene que ser valorada sólo desde el ámbito normativo, sino también ha de tenerse conciencia que ella expresa el resultado de cosas hasta el momento en que se dicta, lo que supone ser un programa con pautas de acción y, además, el punto de partida para el desarrollo.
Ello incluye tener muy presente también, cuáles son las raíces del devenir histórico de la formación de nuestra nacionalidad y su conciencia jurídica.
En virtud de lo expuesto resulta importante para todos, y en particular para las jóvenes generaciones, recordar y conocer el glorioso camino de luchas y victorias, a veces no exento de contradicciones y sinsabores, recorrido por el constitucionalismo cubano durante nuestra gesta libertaria.
La constitución actual fue aprobada el 24 de febrero de 1976, en referendo popular, justamente cuando se cumplía el aniversario 81 del comienzo de la Guerra de 1895, cuyo organizador principal fue Martí, Apóstol de la Independencia.
El procedimiento de su redacción propició la participación popular directa en la elaboración, en la aprobación, divulgación y, sobre todo, autorreproducción del consenso sobre el proceso revolucionario, reafirmación de la conciencia política activa de la población respecto a las instituciones populares y sus derechos.
En su primer artículo, precisó que “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.
La Asamblea Nacional del Poder Popular en uso de sus facultades constitucionales, acordó, el 28 de junio de 1978, reformar el punto 10, inciso a), a los efectos de que en lo sucesivo la Isla de Pinos pasara a llamarse Isla de la Juventud.
El documento recibió una reforma constitucional en 1992, a fin de cumplimentar las recomendaciones del IV Congreso del PCC, adoptadas como resultado del debate público, abierto, franco y sereno con el pueblo, en un momento muy complejo cuando la nación enfrentaba el denominado Período Especial.
Diez años después, en el 2002, en otro proceso inmenso de consulta popular, se aprobó una nueva reforma, que ratificó el contenido socialista en respuesta a las manifestaciones injerencistas y ofensivas de Estados Unidos, y dejó expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario.
También precisó que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con otro Estado no pueden ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.
En esta ocasión, el pueblo participará de nuevo de manera directa en la elaboración, enriquecimiento y aprobación de un documento vital para el destino de Cuba, muestra de la democracia reinante en el archipiélago, tal como lo hizo en 1976, cuando apoyó la Constitución vigente con el 97,7 % de los votos de los electores presentados a las urnas.
Al respecto, es preciso subrayar que en la clausura de la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, adelantó que ese documento no significará de ninguna manera una variación del sistema social en la nación, ni de sus objetivos estratégicos.
“(…) No pretendemos modificar el carácter irrevocable del socialismo en nuestro sistema político y social, ni el papel dirigente del PCC, como vanguardia organizada y fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, como establece el Artículo número 5 de la actual Constitución, y que en la próxima defenderemos que se mantenga (…)”, aseguró quien tiene una larga y admirable trayectoria de liderazgo revolucionario.
Con ello, los sueños libertarios de los cubanos durante más de cien años de lucha, y en particular el mandato de José Martí, finalmente cumplido, que nuestra Ley Fundamental estuviera presidida por el precepto: “Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”, están plenamente garantizados en nuestra amada Patria.
