Introducción: Lo que el lector va a leer se atiene a la más estricta verdad

Lo que el lector va a leer se atiene a la más estricta verdad. Todo lo que sigue está documentado en los archivos de una corte federal del sur de Florida. Esta narración responde rigurosamente a los hechos. Cualquier semejanza con eventos o personajes de la vida real no es en absoluto mera coincidencia. El autor responde de ello. Quien sea capaz de distanciarse de la superficialidad, la comercialización y el poco rigor del periodismo de nuestros días queda invitado a comparar este libro con el voluminoso expediente del caso 98-0721-CR-Lenard en el Distrito Federal Sur de Florida.

Si no me pudiera permitir el lujo de escribir el párrafo anterior, con toda probabilidad no existiría este libro. Un libro como este es realmente el último que hubiera querido escribir y, ciertamente, como lector, me hubiera negado a creerlo. De ahí lo necesario del párrafo.

Siempre he asumido con sospechas el estilo panfletario de blanco reblanco y negro renegro, matices excluidos, con que tan fácilmente se manipula a millones de personas para enseñarles a odiar, a nivel de corteza cerebral, privándolas de la facultad de pensar. Por haber aprendido a respetar en su dignidad a adversarios como Nicolás Estébanes, Federico Capdevilla y José Ximénez de Sandoval,[1] por citar unos pocos –hombres honorables, aun cuando estaban al servicio del imperio español que nos negaba la independencia–, o a oficiales como Pedro Sarría,[2] que rehusó manchar el uniforme del ejército que aupó a la sangrienta tiranía batistiana, mi ánimo frente a los ficales y agentes del FBI, nuestros adversarios, era al comienzo del juicio que narro, a lo sumo, neutro. Se trataba, sencillamente, de personas con una tarea que cumplir.

Pero el libro, además del diario de un juicio, llegó a ser también el de una decepción, y la historia de cómo un grupo de fiscales y agentes del FBI –seguidos luego de una docena de ciudadanos y, finalmente, de una jueza que, tras un comienzo gris, pareció por un momento levantar vuelo para terminar lavándose las manos como Poncio Pilatos– se fueron degradando, como por contagio, para consumar una parodia de juicio. Un proceso como este nunca hubiera querido presenciarlo en un grupo humano, ni siquiera en mis enemigos, y el sentimiento con que lo cuento es el de una profunda pena.

Mi experiencia me dice que en Estados Unidos, para desgracia de millones de personas, la historia no se asume con mucho rigor. Y aunque esto podría ser suficiente para explicar el odio y el ensañamiento que se volcaron sobre nosotros, habría que añadir una razón histórica: este juicio fue una embestida contra Cuba. Otra más que se agrega a una secuencia de cuarenta años. Fraguada, como casi todas, en Miami.

Para comprender la perniciosa y corruptora influencia de ciertas personas de esa ciudad sobre las estructuras de gobierno, la Fiscalía Federal y el FBI del sur de Florida, hay que retroceder un poco en el tiempo.

Los “respetables” hombres de negocios, políticos, “líderes comunitarios”, curas falangistas y “próceres” de la “democracia” que rigen la vida política y controlan el voto y los medios de difusión masiva del Miami Dade actual, y que se reparten contratos y aparecen a menudo vinculados a los escándalos de corrupción que sacuden tan frecuentemente al condado, son el tipo de gente del que, en los primeros años de la Revolución, se valió la CIA como carne de cañón en su guerra sucia contra Cuba.

Todos muy jóvenes en aquellos tiempos, se pudiera decir que su incorporación a la vida activa se produjo bajo los auspicios de la Agencia, la más tenebrosa de la historia. Muchos de ellos niños “bien”, otros hijos de torturadores, personeros o militares de la tiranía batistiana, y muchos otros simplemente víctimas de la idiotizante propaganda anticomunista de la Guerra Fría, les tocó el papel de ejecutores de las tareas más sucias, como parte de una siniestra trama en la que se incluyeron asesinatos, sabotajes, la agresión de Bahía de Cochinos, campañas millonarias de guerra sicológica, uso de la mafia para intentar asesinar a Fidel y hasta insólitos planes en los que el asesinato de ciudadanos de los propios Estados Unidos –a manos de la Agencia misma– daría pie a la invasión de Cuba. Entrenados, recién salidos de la adolescencia, con el fin de desencadenar contra su propio pueblo una sórdida guerra de subversión y ablandamiento psicológico para socavar la moral de los cubanos, terminaron siendo víctimas de su maquiavélico entrenamiento, al ser enfermados por sus patrones ya sin posible remedio. Veinte años es una edad muy temprana como para aprender a enarbolar una Biblia, mientras aprendes también a esconder debajo de ella un tridente, sin que el turbio aprendizaje se vuelva irremediablemente contra ti y al final no sepas distinguir entre Dios y el Diablo.

Y añádase a esto la frustración. Plattistas[3] desde la cuna, hay que ponerse en su lugar y entender lo que representa para ellos el apostar al caballo ganador y perder. Y que los años pasen y los marines no acaben de desembarcar en Cuba.
Pero les entregaron en cambio la ciudad de Miami. Poco a poco. Los chicos crecieron, algunos estudiaron, otros fueron como mercenarios al Congo Belga, algunos se consumaron como torturadores o asesinos bajo los auspicios de la Agencia durante la Operación Cóndor, otros se dedicaron al mundo de los negocios –desde los menos limpios hasta los más sucios–, apoyados en su experiencia y conexiones con la CIA; aunque hubo quienes lo hicieron para continuar, gozando de impunidad, en su guerra contra Cuba. Todos utilizaron sus conocimientos en subversión y propaganda –lo cual por supuesto incluye la amenaza y la extorsión– para sacarle dinero al anticastrismo y a la lucha por la “democracia” en la Isla.

Estos “sacrificios y desvelos patrióticos” cristalizarían cuando un vaquero –no este de ahora sino otro menos sangrón pero igual de tiratiros–[4] entró a la Casa Blanca y puso la política hacia Cuba, de la que mucha gente comenzaba a cansarse, en manos de los antiguos pupilos de la CIA y ahora dueños de la sagüesera.[5] Dicen que todo después de un plato de arroz con frijoles negros.

Diez años más tarde, al inaugurarse la década del 90, ya los hijos de la Operación Pluto[6] habían puesto un par de bufones en la Cámara de Representantes, repartían dinero mal habido a manos llenas y tenían en su nómina a tipos tan importantes como Robert Torricelli, Bob Menéndez, Bob Graham, Jesse Helms y el señor Dan Burton. En el frente local se fabricaban las más siniestras morcillas para enredar a Cuba, ya fuera en el narcotráfio, en el terrorismo, en la trata de esclavos o en las Cruzadas; cualquier cosa que ayudara a disparar la ansiada invasión norteamericana a la Isla. Cuba tiene el raro privilegio de ser el único país en la historia que no puede producir medicamentos o generar energía nuclear, sin que un celoso puñado de vigilantes apátridas promueva reuniones en el Congreso norteamericano para privar a la Isla de tan elementales derechos, en nombre de la seguridad del poderoso y aplastante vecino.

Y como si no fuera suficiente, se desmerenga el campo socialista y con el polvo de sus ruinas flotan también las esperanzas. Y ahora sí. Y Fidel se cae. Y otro vaquero –el original de este de ahora–[7] pronuncia en Miami, tras otra receta envenenada de arroz con frijoles negros, la frase célebre en español chapurrea’o: “En el noventa Fidel revienta”. Cuando cuatro años más tarde salió como bola por tronera de la Casa Blanca, Fidel estaba todavía en su lugar. Pero a las demandas legales contra Cuba y los pretextos para la invasión, sumaron un recrudecimiento de las provocaciones y un incremento de las actividades terroristas contra el país, encaminados a impedir el despegue de su economía. A quien le alcanza el dinero para pagar las altas tarifas de varios políticos norteamericanos, le sobra obviamente para alquilar los servicios de un
lumpen centroamericano con el fin de que coloque algunas bombas en La Habana.

La vida del Miami de fi del siglo XX es la de un “exilio” que vio escurrirse por entre sus dedos la última esperanza de tragarse nuevamente a Cuba, y opta por resucitar en la ciudad un trasnochado macartismo a través del cual –soñaban– harían retroceder la historia, provocando un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Isla. La turbia combinación de anticastristas, fiscales, agentes policiales y políticos locales es la repetición de esquemas aprendidos en sus años mozos por quienes se han arrogado la representación de una comunidad cubana de la que se distancian cada vez más, y cuyo destino e intereses están lejos de sus prioridades, haciéndole más daño que favores al secuestrar –mediante el chantaje de su oscuro control del voto– la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba.

Esto explica el caso insólito del secuestro criminal, ante los ojos asombrados del planeta, del niño Elián González durante siete meses, tiempo en que el sistema legal y policíaco del país más poderoso de la tierra se paralizó, mientras sus gobernantes se devanaban los sesos para lograr hacer lo que parecía imposible: actuar de un modo éticamente correcto y, a la vez, realizar malabares para aplacar la ira irracional de sus insaciables expupilos.

Nuestro juicio se sucede en el entorno de esa cacería de brujas en la que el caso Elián –simbólico por su brutalidad, su irracionalidad y su ensañamiento– no es único. A la vista están el del funcionario de Inmigración Mariano Faget,[8] víctima de una vil y burda trampa con la que el FBI quiso fabricar un espía de Cuba, y el de Heriberto Mederos,[9] un anciano sin recursos sobre quien se ha descargado la sevicia del gueto anticastrista, refugio por años de torturadores y criminales de toda laya, para inventar nada menos que un torturador al servicio del gobierno cubano.

Pero a diferencia de esos dos casos que terminaron por hacer inmerecidamente pedazos la vida de dos personas, en el nuestro se trataba de cinco –mis cuatro compañeros de causa y quien escribe– que sabíamos lo que estábamos haciendo y que no es otra cosa que lo que ha hecho el pueblo cubano por más de cuarenta años: defender una Revolución para la que no se le pidió permiso a nadie, evitar el terrorismo, prevenir las provocaciones que pudieran acarrear una guerra genocida y alertar, en último caso, a nuestro pueblo de la inminencia de una guerra que no deseamos.

De la justeza de ese propósito seguimos tan convencidos hoy como lo estábamos el día en que la historia tocó violentamente a nuestras puertas, poniéndonos con nuestro arresto en el centro de otro duelo más entre los hijos de la Revolución cubana y las criaturitas de la Operación Pluto.

Todo comenzó el 12 de septiembre de 1998, cuando en la mañana fuimos arrestados, en distintos lugares del condado Miami Dade, diez cubanos bajo la acusación de actuar como agentes del gobierno de Cuba sin registrarnos, según lo requiere la ley, ante el procurador general. Sobre cinco de los diez pendían los cargos más serios.

Poco después y tras ser interrogados individualmente, fuimos conducidos al Centro Federal de Detención de Miami.[10] Así empezó, con nuestro encierro solitario en el decimotercer piso, que a la sazón no ocupaba nadie más, un tratamiento individualizado y meticulosamente concebido para descargar sobre nosotros todo el rencor de los ficales y dificultar en todo lo posible nuestra defensa, esquema en el que las condiciones de confinamiento jugarían un especial papel.

Fueron los días más difíciles, sobre todo ese sábado en que, en la soledad de mi pequeña celda, no podía apartar el pensamiento de la familia que había quedado atrás, allá en el apartamento ocupado por agentes del FBI. Yo creo que el momento inicial es el definitorio de tu actitud futura y la forma en que lidiarás ante ese nuevo reto que te ha deparado la suerte: o lo mandas todo al diablo y te despides con un doloroso tirón de tu vida y de todo lo que hasta ese momento dabas por garantizado, para aferrarte entonces hasta con las uñas, sin pensarlo ni ponerlo en dudas, a tus principios; o te tambaleas y comienzas a buscar excusas para la traición.

El domingo 13 descubrí en la celda de enfrente a Manuel Viramontes, y a través de un sistema de comunicación que se convertiría en una necesidad durante año y medio, aunque en ese momento lo ignorábamos, pudimos intercambiar impresiones y hacer los primeros chistes: trazando letras en el pequeño cristal de la celda, íbamos formando las palabras y convirtiéndolas en oraciones. Luego se incorporó a la “conversación” Antonio Guerrero, a quien, a diferencia de Manuel, yo no conocía; y el tiempo se hizo más llevadero en la celda. Ese día me hice un examen de eficiencia física, cuyos desastrosos resultados me hicieron tomar la primera decisión de mi encierro: desarrollaría un plan de ejercicios para salir de ese trance en mejor forma de la que entré.

El lunes 14 comenzó el show local: sin habernos bañado o afeitado, o cepillado los dientes, o siquiera pasado un peine por el cabello desde que el viernes anterior nos fuimos a la cama, así mismo nos presentaron a los diez ante el magistrado Barry L. Garber, en una sala a la que ya había sido convocada una turba gozosa. De pronto, de entre todos ellos, sentí la voz familiar de mi hija mayor: ¡¡¡Papi!!! Y al volverme pude ver a Irmita con su inapagable sonrisa mientras levantaba el pulgar en señal de victoria y desafío. Me sentí el padre más orgulloso del mundo. La sola vista de mi esposa y de mis dos hijas me hizo volver otra persona, de regreso a mi confinamiento solitario.

La breve audiencia de ese día, en la que la Corte nos asignó los abogados y se fiaron también las fechas para las audiencias de fianza, dio pie a la enfermiza cobertura de prensa que acompañaría todo el proceso. Espías entre nosotros, dice el titular de The Miami Herald del siguiente día 15, para dar comienzo a una campaña perversa de la que se verá bastante en este libro: “Los espías a menudo escribían que el gobierno cubano no les pagaba suficiente” [...]. “Los agentes cubanos espiaron en tres instalaciones militares de Florida desde 1992” [...]. También: “Este grupo de espías fue enviado por el gobierno cubano para golpear al mismo corazón de nuestro sistema nacional de defensa y nuestro mismo proceso democrático” –enfatiza el fiscal federal Thomas Scott en una conferencia de prensa–. “Nunca he visto algo como esto en mis años al servicio de la ley” –clama el jefe local del FBI, Héctor Pesquera–: “René González posó como informante del FBI, proveyendo información sobre supuestos narcotraficantes, con la esperanza de monitorear cualquier caso del FBI contra el gobierno cubano[...]”.

A las mentiras y manipulaciones de prensa, ficales y agentes del FBI, que no voy a honrar con mucho espacio aquí, se une el cacareo de los anticastristas. Más de lo mismo: “Esto confirma que el régimen castrista es terrorista y enemigo” –Lincoln Díaz-Balart–. “Estas actividades son muy serias para nuestra seguridad nacional” –Joe Carollo—.[11]“Creo que hay infiltrados de Castro a nivel mucho más dañino” –dice José Basulto, quien anuncia para más tarde una conferencia de prensa con la que daría comienzo a una campaña personal: vincular nuestro caso a lo ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando un acto de irresponsable provocación contra Cuba, de su organización Hermanos al Rescate, dio lugar al derribo de dos de los aviones del grupo–.

El clima de histeria y manipulación pública está tomando forma. En los días siguientes bajamos nuevamente a la Corte, ya fuera los diez juntos como por separado; entonces en cinco de los acusados comenzaron a manifestarse los síntomas de debilidad que presagiaban su rendición ante las presiones y el chantaje de las autoridades. Más de dos años después, uno de ellos, preparado meticulosamente por la Fiscalía para mentir en el estrado, se esforzaría infructuosamente para ocultar al jurado que había sido amenazado con una sentencia de cadena perpetua. Y esto nos recordó aquel día de finales de septiembre de 1998, cuando, ante nuestros requerimientos para que no cediera en su dignidad, enarboló, a manera de justificación, el documento en que se lo amenazaba con tan extremo castigo. Como se verá más adelante, él no fue el único testigo entrenado por los fiscales para mentir.

El 29 de septiembre, al regresar de la audiencia en que se me negó la fianza, el elevador fue detenido en el doceavo piso, donde está lo que se conoce como el Special Housing Unit o el hueco, en cualquier idioma, sencillamente, un área de castigo. Se oficializaban de esta manera unas condiciones atípicas y draconianas de confinamiento que, hasta ese momento, considerábamos temporales, pero que, a pesar de nuestros esfuerzos legales y de la apelación ante los procedimientos administrativos establecidos por el Buró de Prisiones, se extenderían a casi año y medio. Al salir del elevador me reuní con el resto de los detenidos, que ya habían sido bajados de sus celdas del decimotercer piso.
Aunque estábamos en medio de una estridente campaña de prensa, nadie pareció notar sin embargo nuestras condiciones de confinamiento. La prensa libre norteamericana está demasiado ocupada auscultando el rechinar de una puerta en cualquier cárcel de Cuba o de China. No tienen tiempo de descubrir los abusos de su propio gobierno en sus exclusivos predios.

La celda del hueco es un rectángulo de 11 x 7 pies, incluidos el área de la ducha, la doble litera y el conjunto metálico de inodoro con lavamanos, espacio en el que vives las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, a excepción de una hora diaria entre lunes y viernes, en la que, si uno lo desea, lo llevan a un pequeño patio a que se desperece. Una pequeña escotilla en la puerta de hierro sirve para que te pasen las comidas, los utensilios de limpieza, el reemplazo de la ropa sucia, la correspondencia, los materiales de lectura, las dos pulgadas de lápiz, el teléfono –limitado a una vez por semana– o el destupidor de baño. Los traslados en el hueco se hacen con las manos esposadas detrás, de manera que cuando vas a ser sacado de la celda, te agachas de espaldas a la puerta y sacas las manos por la escotilla a fin de que te coloquen las esposas.

La lista de artículos que se pueden comprar en la tienda del penal, o la comisaría, es extremadamente limitada, siendo el radio el más importante por ser casi el único vínculo con el exterior. A falta de calzado, si el recluso se decide a trotar para ejercitarse, tiene que hacerlo descalzo.

Las visitas familiares se realizan a través de un cristal y se excluye el acceso a los menores, de modo que los presos que están en el lugar por haber cometido indisciplinas son llevados al salón general de visitas para que puedan tener contacto con sus hijos. Algunos casos de protección especial –en los que debíamos estar incluidos– son llevados a una oficina en el tercer piso para ver a sus hijos, a no ser que se trate de “espías castristas”.

Para lograr la visita de mis hijas el mecanismo fue maquiavélico: mi abogado tenía que pedir el “favor” al FBI; entonces me llevaban a las oficinas de la Fiscalía, aledañas a la cárcel, en las que se producía nuestro encuentro bajo escolta. En estas condiciones solo me fue posible ver a mis hijas en mayo y en octubre de 1999. En enero de 2000 se me concedió una visita especial, para compensarme por dos de las que me había privado una disposición arbitraria de las autoridades del penal, y junto a la autorización para que se me llevara a la oficina del tercer piso, el capitán de la prisión garabateó una nota: “Se autoriza solo a la esposa”.

De manera que únicamente me quedó una opción para ver a mis hijas: tras previo acuerdo con mi esposa, ella las llevaba a una parada de ómnibus ubicada en la esquina diagonal a la cárcel, donde se sentaban por un rato para que yo pudiera verlas. Mi overol naranja, sacudido a lo largo del rectángulo vertical de cuatro pies por ocho pulgadas de cristal reforzado, que constituía la ventana de la celda, les permitía saber que estaban a mi vista. Así pude ver los primeros pasos de mi pequeña Ivette, desde la altura de aquel duodécimo piso, solo una mota de pelo negro que se movía vacilante, hasta caer sentada, volverse a incorporar y avanzar un poco más.

Al poner a un acusado en el hueco, limitan automáticamente sus posibilidades de prepararse para su defensa. A los obstáculos que dificultan las visitas de los abogados, se suma el hecho de que el acusado solo tiene para escribir un pedazo de lápiz de unas dos pulgadas, el cual es reemplazado aproximadamente cada semana, sin que cuente con el más mínimo medio para afiarlo o sacarle punta. Se supone que en esas condiciones el recluso revise la evidencia, escriba a su familia y amistades y se comunique por escrito con sus abogados. Algo simplemente imposible.

Cómo nos las arreglamos para salvar este gigantesco obstáculo es otra historia. Baste decir que nos las ingeniamos para ser felices, para llevar una correspondencia normal y para dejar el Special Housing Unit en mejores condiciones físicas y mentales de como llegamos.

De finales de septiembre a principios de octubre, se definió el campo de los acusados que no cederían en su dignidad y el de los que capitularían bajo las presiones y el chantaje de la Fiscalía. Esto provocaría un nuevo aluvión publicitario, que se vio sacudido cuando Paul McKenna, abogado de Manuel Viramontes, acuñó la siguiente expresión sobre los que se rindieron bajo la combinación de presiones y prebendas ofrecidas por el gobierno: “Las ratas están acudiendo al queso”.

Los ficales se escandalizaron. Ellos, que habían promovido un espectáculo el 14 de septiembre e incendiado los medios, en días sucesivos, con todo tipo de declaraciones inflamatorias, ahora se sentían escandalizados por el comentario de un abogado. El 9 de octubre presentaron una moción para que se prohibieran las declaraciones de las partes a la prensa, indicio temprano de la arrogancia que exhibirían durante todo el proceso.

A esas alturas ya quedábamos cinco para cargar con el peso de esta historia: Manuel Viramontes, Luis Medina, Rubén Campa, Antonio Guerrero y quien escribe, René González. Ya desde el 14 de septiembre, la primera oportunidad en que nos reunimos, mientras esperábamos para comparecer en la Corte, habíamos coincidido en que la conducta que debíamos seguir en esta situación sería la del juicio del Moncada.

El 7 de octubre se produjo otra maniobra destinada a limitar aún más nuestra defensa a través de la manipulación grosera de la evidencia. La Fiscalía notificó a la Corte su intención de aplicar la CIPA (Acta de Procedimiento de Información Clasificada), a través de la cual se clasificaba como secreta toda la voluminosa evidencia del caso de manera masiva, arbitraria y burda, en violación flagrante de los procedimientos que regulan la clasificación de documentos. Cartas personales, recetas de cocina, poesía, ejercicios yoga, textos de todo tipo, clasificados indiscriminadamente junto a los documentos relativos a nuestro trabajo clandestino para el gobierno de Cuba. Y nada de ello, absolutamente nada, ni un punto ni una coma, susceptible de causar daño alguno a Estados Unidos o clasificado previamente por su gobierno. Veinte mil páginas de documentos puestos fuera de nuestro alcance, que solo podríamos ojear en contadas ocasiones y en condiciones difíciles, y sobre los que los fiscales decidirían prácticamente cuáles, cuándo, en qué forma y cómo serían utilizados por nosotros durante el juicio. Añádase a esto la prolongación indefinida del proceso, resultado del escrutinio al que serían sometidos nuestros abogados para acceder a una documentación posible de ser publicada ahora mismo, íntegramente, sin causar el más leve arañazo a un solo gobierno en el planeta.
Con nuestro confinamiento en el hueco, junto a la aplicación arbitraria de la CIPA, se consumaba la más grosera burla al debido proceso, al derecho a la defensa y a la recta aplicación de la justicia. El 4 de noviembre se fijó la fecha del juicio para el 7 de septiembre de 1999; fue el resultado directo de la última maniobra.

En enero de 1999 comenzaría la batalla cuesta arriba para que se nos tratara como al resto de la población penal. Los abogados radicaron una moción, el día 21, para solicitar el fin de nuestras condiciones de castigo. El día 4 de febrero se realizó una audiencia ante el magistrado Barry L. Garber, en la que ficales y abogados de la cárcel argumentarían exitosamente –nada difícil para ellos ante un magistrado– que el asunto no era jurisdicción de la Corte, que nosotros debíamos agotar el procedimiento administrativo con el Buró de Prisiones. Unas pocas concesiones resultaron de esta audiencia, entre ellas un par de artículos más en la comisaría, dos llamadas telefónicas a la semana y el cese del aislamiento solitario. Cuatro fuimos puestos en dos celdas dobles y uno permanecería solo, ubicación por la que rotaríamos los cinco cada tres semanas. Inmediatamente nos dimos a la tarea de comenzar un procedimiento administrativo, del que las autoridades carcelarias se burlarían por otro año.

El 7 de mayo de 1999 el caso toma un giro no por nuevo inesperado: tras una campaña de prensa con profusión de entrevistas de los ficales con cabecillas anticastristas o familiares de las “victimas”, así como de supuestas investigaciones e interrogatorios a los detenidos que traicionaron, la Fiscalía presenta una nueva acta de acusación vinculando a Manuel Viramontes con el derribo, frente a las costas cubanas, de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate. Sin que hubiera aparecido una nueva evidencia, sin haber hallado un nuevo testigo, sin haber descubierto un solo elemento que no tuvieran ya, desde ocho meses atrás en septiembre del año anterior, se agregaba esta turbia e infame acusación al caso, para agrandar el show y entregar a la mafia anticastrista, en bandeja de plata, la cabeza de Manuel Viramontes, ahora identificado en el acta bajo su nombre real: Gerardo Hernández.

Mientras tanto los abogados de la defensa iniciaban su lucha para lograr un juicio justo, y el señor William Norris, en representación de Luis Medina, solicitaba fondos, el 16 de agosto de 1999, destinados a conducir un estudio social, paso previo a una moción para que el juicio se realizara fuera de Miami. El 1ro de septiembre se accede a la solicitud de Paul McKenna, en representación de Gerardo Hernández, para que el juicio se aplace en virtud de los enormes obstáculos que la aplicación de la CIPA ha impuesto al trabajo de la defensa. La nueva fecha será el 22 de mayo de 2000.

Precisamente la aplicación arbitraria de la CIPA, será la razón de la próxima escaramuza. Los abogados William Norris y Jack Blumenfeld, de Luis Medina y Antonio Guerrero respectivamente, presentan el 27 de septiembre una moción para que, de acuerdo con el capítulo 10 del Acta de Procedimiento de Información Clasificada, la Fiscalía identifique la información secreta que ha conducido a la aplicación de dicha acta. La respuesta del gobierno brilla por su originalidad: como se trata de un cargo de conspiración para cometer espionaje y no de espionaje en sí, ellos no necesitan demostrar que haya existido información secreta alguna. Tras un cruce de mociones y de respuestas en ambas direcciones, tanto el magistrado como la jueza negarán las reclamaciones de la defensa, legitimando así la posición de la Fiscalía de que se puede aplicar la CIPA y clasificar masivamente cualquier pieza de evidencia, sin que haya un solo documento secreto en el caso. Comienzan a esfumarse las esperanzas de un juicio justo.

En enero de 2000 se reanuda la batalla por el cambio en nuestras condiciones de confinamiento. Para esa fecha hemos documentado meticulosa y detalladamente las violaciones al reglamento, solicitudes de tratamiento médico no respondidas y aplicaciones de remedio administrativo repetidas y sin respuesta –extraviadas según nos dicen– que se han acumulado por un año, y hemos provisto al abogado Joaquín Méndez, representante de Rubén Campa y ariete de este asalto, de un grueso expediente de irregularidades con que sustentar su solicitud de una audiencia. Esta se produce el día 25, y el magistrado Barry L. Garber da una semana de plazo a las partes para arribar a un acuerdo; de lo contrario nos veremos las caras en la sala, en siete días.

Tanto la Fiscalía como la dirección del penal saben que en esta ocasión los tenemos agarrados de las barbas y el recurso de castigarnos con las condiciones de confinamiento se ha agotado. Armado de nuestro expediente, Joaquín Méndez pone bajo citación a varios oficiales del Centro Federal de Detención, y el gobierno decide ceder antes de que se produzca la segunda audiencia, haciéndonos bajar así a la población general. Nosotros aprovechamos nuestra momentánea posición de fuerza para imponer a la dirección del penal una condición: o nos ponen a los cinco juntos o nos vemos en la audiencia. El 2 de febrero de 2000, a casi diecisiete meses de nuestro arresto, somos los cinco ubicados en la unidad Charlie East del Federal Detention Center. Después de tanto tiempo en el hueco, es como hospedarse en un hotel de cinco estrellas.

Claro que el gobierno no lo ha perdido todo: al esquivar la audiencia se ha librado de que se ventile en Corte su abuso de casi año y medio, evitando así que quede en archivo y pueda ser utilizado, veintidós meses después, para mitigar nuestras salvajes sentencias. Dos años más tarde, en febrero de 2002, me llegaría con treinta y un meses de retraso el acuse de recibo a una solicitud archivada en junio del 99, acuse que debí haber recibido en julio de aquel año. Habiendo abandonado el FDC solo días antes, camino de mi nueva morada, solamente puedo suponer que alguien de allá decidió despedirme con una broma macabra.

La lucha por un juicio justo continúa y el abogado William Norris, de Luis Medina, presenta el 27 de enero una moción en la que denuncia la clasificación arbitraria y masiva de documentos, en violación de la orden ejecutiva que rige este  procedimiento. La respuesta de la Fiscalía, fechada el 15 de febrero, rompe nuevamente el molde de la arrogancia: da a entender algo así como que ellos son el gobierno y tienen el privilegio de clasificar a su antojo, no siendo esto incumbencia de la rama judicial. Su Señoría se plegará nuevamente, denegando el 2 de marzo la moción de la defensa, con lo que legitima una tesis de los fiscales que mi abogado Philip Horowitz enuncia en pocas palabras: “Ellos son los dueños del cuño que dice secreto y lo estampan donde les viene en gana”.

Entre enero y febrero quienes claudicaron han ido recibiendo sus sentencias: a tres de ellos 84 meses, a uno 48 y a otro 43; sobre estos últimos pesaba ni más ni menos que cadena perpetua. Todas las sentencias son susceptibles de ser rebajadas de acuerdo a su “cooperación” durante el juicio. Los abogados mientras tanto siguen poniendo otras mociones que el espacio no permite describir aquí –y que serán negadas en masa– y al mismo tiempo complementan la moción más importante para lograr algo parecido a un juicio justo: cambiar la sede del proceso.

El 25 de febrero Joaquín Méndez y Paul McKenna encabezan un esfuerzo para tomar testimonios en Cuba, los cuales servirían de apoyo a la abrumadora evidencia que han encontrado, revisando nuestros documentos, en relación con actividades de terrorismo contra la Isla y a planes violentos y provocaciones del grupo Hermanos al Rescate, supuestas “víctimas” del derribo aéreo ocurrido el 24 de febrero de 1996. Una moción es puesta ese día por la defensa a fin de que las partes viajen a la Isla a tomar esas deposiciones.[12]

Entrado el año 2000, se hace evidente que el juicio no podrá celebrarse en mayo, en esta ocasión por complicaciones de salud del abogado Jack Blumenfeld. Tras algunas vacilaciones, se fija la fecha definitiva en noviembre de ese año. El 23 de mayo, el “honorable magistrado” Robert L. Dube de un plumazo deniega una moción para que el gobierno presente material exculpatorio a favor de Gerardo Hernández, otra moción relativa al lenguaje confuso del acta de acusación, otra para que la Fiscalía identifique declaraciones de Gerardo que usará en su contra, otra para que se identifique la evidencia que se usará contra Rubén Campa relacionada con los cinco que aceptaron los cargos, y la moción para tomar testimonios en Cuba; todas ellas presentadas por la defensa. ¡Y que viva la independencia del poder judicial! El 2 de junio, Joaquín Méndez presenta un memorando para mantener con vida la moción sobre los testimonios en la Isla. Varias mociones más de la defensa son denegadas en junio, en relación con las inconsistencias de la acusación de espionaje y la falta de jurisdicción de la Corte sobre las acciones de un gobierno extranjero fuera de Estados Unidos. Resulta que un sistema judicial que no puede controlar las cárceles de su propio país tiene ahora jurisdicción sobre el gobierno de Cuba.

El 27 de julio la jueza Joan A. Lenard deniega la moción para que el juicio se produzca fuera de Miami, da así muerte de un plumazo a la última esperanza de que se realice un juicio medianamente justo.

A fines de julio la Fiscalía presenta a mi abogado una propuesta de “acuerdo” a fin de que me declare culpable del cargo más serio, con un máximo de diez años, y no vaya a juicio. Redactado en el típico lenguaje arrogante, pedante y prepotente que caracteriza a esta gente, el acusado que lo firma “acuerda” poner su dignidad y su decoro bajo las pezuñas traseras de estos inquisidores de pacotilla. Para ayudarme a tomar una decisión no se les ocurre idea mejor que recordarme, en el último párrafo, que mi familia se encuentra a merced de su odio:

...este es todo el acuerdo y el entendimiento entre los Estados Unidos y el acusado. Específicamente, no hay acuerdos, promesas, representaciones o entendimientos con respecto a la situación de inmigración de la esposa del acusado, Olga Salanueva. Además, no hay otros acuerdos, promesas, representaciones o entendimientos en lo tocante a otras cuestiones, salvo lo expresado en el presente Acuerdo de Reducción de Pena.

Sencilla y llanamente un chantaje. Un burdo, criminal, sucio y cobarde chantaje.

Por ser el único de los cinco con su familia en el país, sobre mi persona caería el peso y el honor de esta odiosa maniobra; pero cualquiera de los otros cuatro hubiera respondido de la misma forma: una persona con dignidad no cederá nunca al chantaje.

Y como respuesta a la consumación de ese chantaje, nació este diario.

En la primera semana de agosto, el abogado Joaquín Méndez presenta una serie de mociones para reavivar el asunto de los testimonios en Cuba, siendo seguido días después por el defensor William Norris.

El domingo 13 de ese mes es mi cumpleaños y recibo la visita de mi esposa y mi hija Ivette. Al despedirme ignoraba que se trataba de la última que recibiría. Cuando el miércoles 16 quise despertar a mi Olguita con la llamada telefónica de costumbre, no pude hallarla. Tras una mañana de indagaciones descubrí que había sido detenida por Inmigración para ser sometida a un proceso de deportación. Se habían cumplido las amenazas de los fiscales. Esa tarde la llevaron, ya con su uniforme de presa, a las oficinas de la Fiscalía, a las que también se me condujo a mí. El beso de despedida de ese 16 de agosto de 2000 fue el último hasta el sol de hoy, diecinueve meses más tarde.

Los abogados se unieron en el mismo sentimiento de apoyo y admiración por mi esposa, y de repugnancia y vergüenza por la canallada de los fiscales. Jack Blumenfeld buscó la asistencia gratuita de una competente oficina legal de Inmigración, y tanto Joaquín Méndez como Philip Horowitz y su investigador Julio Melo serían visita asidua a la cárcel de Fort Lauderdale, donde se la confió también bajo condiciones “especiales”. Todavía recuerdo mi encuentro con los dos últimos tras su primera visita a aquel recinto.

Julio Melo estaba indignado:

—¡Eso no se hace, la familia es sagrada! En mis tiempos de policía hasta los peores criminales me respetaban porque para mí su familia era sagrada.

A ambos les llegó bien claro el mensaje de mi Olguita desde su encierro: “Díganle a René que si antes no firmó ningún acuerdo..., ¡ahora menos!”.

—Está más desafiante que tú –me dice Philip.

—Bueno –bromeo–, acuérdate de que esa es mi mujer.

—¡Nooooo! –riposta mi abogado– ¡Tú eres el esposo de ella!

En los tres meses transcurridos entre su arresto y su deportación, le llegaron el cariño y la solidaridad de nosotros cinco desde el FDC de Miami. También le llegó mi promesa de un diario de nuestro juicio, al que con tanto afán se estaba preparando para asistir y darnos su aliento cotidiano, cuando fue detenida y sometida a deportación.

Este libro es el cumplimiento de dicha promesa. En él narro los detalles del juicio, reconstruidos principalmente a partir de mis notas y, en ocasiones en que la situación lo amerita, hago uso de las transcripciones oficiales. Escrito en su mayor parte a medida que se desarrollaban sus sesiones, nuestros estados de ánimo se reflejan en sus páginas con la fidelidad de quien cuenta lo que sucedió ayer, o anteayer, o a lo sumo una semana antes; este compás se rompió un tanto en las dos últimas semanas de audiencias, porque la narración se dilató debido a diversos factores y su conclusión se pospuso más allá de lo deseado.

El diario se sale a menudo de la Corte para reflejar también el ambiente enfermizo que rodeó en Miami al proceso y, en ocasiones, para abordar tramas que no tienen relación directa con el mismo. Es un hecho cierto que la relación del gueto anticastrista con este caso va mucho más allá de lo directo. Y una aproximación a la psicología social de ese gueto a través de sus medios de difusión masiva, sus tejemanejes y su bufonesca seudohistoria, ayudará a entender este proceso al que alguien, tal y como se cita a su debido momento en estas páginas, definió acertadamente como un linchamiento legal.

El trimestre previo al proceso se dividió entre el drama familiar que acarreó la prisión de mi esposa y las últimas escaramuzas legales. Estas giraron primordialmente alrededor de las deposiciones en Cuba y los postreros esfuerzos de los fiscales para manipular la evidencia y limitar la información que llegaría al jurado. Curiosa historia la de un juicio en que la Fiscalía se aterroriza por el hecho de que la evidencia salga a la luz.

El primer indicio de esta tendencia –que como se leerá en el diario, predominó vergonzosamente durante todo el proceso– lo constituyó la reacción de los fiscales ante las mociones para tomar deposiciones en Cuba y de las cuales se derivaba la certeza de que el terrorismo contra este país sería objeto de testimonio. Los representantes del gobierno de los Estados Unidos de América se opusieron tenazmente a que las actividades terroristas contra Cuba de sujetos miamenses –muy presentes en la evidencia– fueran abordadas en el juicio: la explicación fue un argumento turbio y torcido, alrededor de los conceptos de intento y motivación, según el cual, al parecer, combatir el terrorismo no era nuestra intención sino que el terrorismo era el motivo de nuestras actividades. Ante algo tan absurdo, hasta la jueza Joan A. Lenard, que no nos había dado respiro, tuvo que rebelarse, admitiendo el tema del terrorismo contra Cuba y dando luz verde a la toma de testimonios allá. Se inyectó así algo de aire a un proceso hasta el momento absolutamente enrarecido.

Las deposiciones se realizaron y los fiscales –no contentos con el procedimiento– optaron desvergonzada a indiscriminadamente por sabotearlas, objetando de oficio todas y cada una de las preguntas hechas por la defensa a los testigos, quienes a duras penas pudieron ser cuestionados por nuestros abogados. Quien se tome el trabajo de comparar la versión final presentada al jurado –saneada y editada por la Corte para hacerla digerible tras un toma y daca entre las partes– con las transcripciones originales de las deposiciones, se podrá percatar sin ningún esfuerzo de la arrogancia y el poco respeto por la orden de la jueza, con que estas personas asumieron las deposiciones.

Todo estaba casi listo, cuando el último golpe bajo, previo al juicio, quedó a cargo de la CIPA: a su oscuro amparo la Fiscalía terminó arreglándoselas para poner a nuestra disposición los documentos “secretos” que utilizaría durante el juicio solo unos días antes de que este comenzara, al tiempo que se exigió de la defensa una lista de los documentos que esta utilizaría en su caso, cuando estaba todavía a tres meses de iniciarse. No contentos con la lista, exigieron luego el desglose de las páginas y los párrafos específicos que emplearía la defensa, todo lo cual les fue concedido.

De este modo quedaría todo listo para comenzar un proceso en el cual –según diría Su Señoría poco más de un año después, en una audiencia de sentencia– se había aplicado la completa panoplia de derechos al debido proceso, garantizados por la Constitución de Estados Unidos. Lo peor de todo es que aquello que el lector ha leído hasta ahora es pálido en comparación con todo lo que viene.

Mientras tanto, en el plano familiar, las cosas se movieron tan rápido como fue posible. Nuestra familia reaccionó, a ambos lados del estrecho de Florida, como una sola, en función de hacer lo mejor para mi esposa y mis hijas. Convencidos de que mientras más lejos estuviera del malsano ambiente de Miami, cuando comenzara el espectáculo del juicio, era mejor para ella, optamos por que Olguita renunciara voluntariamente a su residencia y se fuera a Cuba de una buena vez. Pero esto debió parecerle muy sencillo al gobierno, pues todo indicó que quería disfrutar del proceso de deportación o quizá de los padecimientos que este acarreaba para Olguita; decidimos entonces no poner obstáculos a fin de que la deportación se produjera lo más rápido posible. Mi madre vendría de Cuba a recoger a mi pequeña hija Ivette, de dos años y medio, hasta ese momento al cuidado amoroso de mi abuela y mis tíos en Sarasota. Afortunadamente, el arresto de mi esposa había sorprendido a nuestra hija mayor de vacaciones en Cuba, por lo que permaneció allí.

A mediados de noviembre, un juez de Inmigración determinó la deportación de Olga Salanueva Arango; al solicitarles nosotros que renunciaran a cualquier recurso de apelación, sus competentes abogados accedieron a dejar el camino abierto para que se cumpliera la orden. El 21 de noviembre de 2000, mi esposa fue puesta en un avión del gobierno norteamericano rumbo a Cuba, donde al día siguiente se pudo reunir con mi madre y con nuestra hija Ivette, quienes siguieron sus pasos desde los Estados Unidos.

Y ese mismo 21 de noviembre, a las siete y media de la noche, me senté al teclado para comenzar a cumplir la promesa que le había hecho a mi esposa.
René González Sehwerert

2 de abril de 2002

Notas:

[1] Miembros del ejército colonial español que por su conducta ética han merecido el respeto de la historiografía cubana. Los dos primeros repudiaron el crimen contra los estudiantes de Medicina del 27 de noviembre de 1871. El último, tras capturar el cuerpo sin vida del apóstol José Martí, se condujo con respeto y le rindió honores al adversario caído.

[2] Pedro Manuel Sarría Tartabul. Teniente del Ejército de Batista que tras capturar a Fidel Castro, después del asalto al Moncada, protegió la vida del prisionero frente a las amenazas del coronel Río Chaviano, jefe de la plaza.

[3] Derivado del nombre de Orville Platt, senador que introdujo la enmienda que establecía la condición neocolonial de Cuba tras la ocupación norteamericana. El término identifica a los cubanos cuya dependencia emocional los supedita a las políticas norteamericanas hacia la Isla.

[4] Se refiere a los presidentes 40 y 43 de los Estados Unidos: Ronald Reagan (1981-1989) y George W. Bush (2001-2009)

[5] Sagüesera. Derivado del South West (fonética vulgarizada “sagüés”). El término se cubanizó para implicar ese cuadrante geográfico del condado Dade, en que se estableció esa comunidad, y que abarca gran porción de la ciudad de Miami.

[6] Operación Pluto. Proyecto agresivo urdido por el gobierno de Estados Unidos y dirigido por la CIA a principios de los años 60 para realizar acciones armadas por parte de un ejército mercenario contra Cuba.

[7] George H. W. Bush, presidente 41 de los Estados Unidos (1989-1993).

[8] Mariano Faget. Oficial de Inmigración por treinta y cuatro años. Víctima de un montaje del FBI para fabricar un espía con el cual acusar a Cuba. Condenado a cinco años de prisión.

[9] Heriberto Mederos. Técnico en electroshocks desde los años 40 del siglo xx. Escogido para hacer de él un “torturador” del gobierno cubano, fue víctima de una cacería de brujas que lo condujo a un proceso legal, durante el cual murió en la cárcel.

[10] Federal Detention Center o Centro Federal de Detención (FDC). Prisión preventiva en la que permanecen los detenidos sometidos a proceso judicial.

[11] Joe Carollo. Alcalde de la ciudad de Miami (1998-2001).

[12] Las deposiciones son testimonios recogidos en video. Fueron autorizadas tres rondas en Cuba por la jueza, contra la obstinada oposición de la Fiscalía. No contentos con el fallo de la Corte, los fiscales objetaron de oficio a todas y cada una de las preguntas de la defensa, de modo que el producto que la jueza tuvo que revisar para entregar al jurado era prácticamente ininteligible. Finalmente, ante la contundencia evidenciada por las deposiciones de los controladores de tráfico aéreo cubano, estas, misteriosamente, perdieron la voz bajo la custodia del gobierno, lo que en la práctica las inutilizó.