Las alegaciones de que las decisiones de la Casa Blanca ante la pandemia de coronavirus habrían estado, y podrían estar, motivadas más en consideraciones económicas y políticas que en valoraciones de salud pública son intensas y, en gran medida, inevitables.

Tratar de contener el derrumbe económico para preservar empleos y empresas y, en paralelo, el tomar decisiones considerando de modo sustantivo cuestiones políticas e incluso electorales son situaciones que se entrecruzan con las valoraciones estrictamente científicas y sanitarias. Es parte del drama de la pandemia que, con todo, es necesario manejar en aras de defender el bien general.

Pero cuando decisiones y acciones del gobierno están motivadas por intereses más oscuros la situación cambia y la posibilidad de dolo o negligencia resulta patente.

Es por ello que la denuncia del doctor Ricvk Bright, que hasta hace poco ocupaba un alto cargo en el Departamento de Salud de Estados Unidos y era director de la Autoridad de Investigación Avanzada y Desarrollo en Biomédica (BARDA por sus siglas en inglés), tiene singular resonancia en la opinión pública y en el debate político.

De acuerdo a Bright, fue desplazado de su puesto en plena pandemia porque se opuso a “esfuerzos de financiar medicamentos potencialmente peligrosos promovidos por personas con conexiones políticas” y denunció que se ha cometido “abuso de autoridad y mala administración” en el Departamento de Salud.

Bright presentó una denuncia formal al respecto este martes ante la entidad especialmente encargada de recibir e investigar quejas de presuntas malas prácticas en el gobierno federal. La situación en el Departamento de Salud sería, de acuerdo a Bright y como señaló la televisora NBC News, caótica y sumida por “la presión del liderazgo del Departamento para que se ignore el mérito científico y las recomendaciones de los expertos y en su lugar conceder lucrativos contratos basados en conexiones políticas y amiguismo”.

En específico, se afirma que Bright criticó la promoción y el uso del medicamento hidroxicloroquina, usado contra la malaria, como un tratamiento a gran escala contra la COVID-19, como el propio presidente Donald Trump promovió abiertamente durante semanas, pese a que no existía evidencia científica clara y suficiente de que ese fármaco era eficaz y seguro para tratar a los enfermos.

Expertos han ya alertaron que la hidroxicloroquina puede provocar severas reacciones cardiacas adversas y que no se habría probado científicamente que fuese una opción efectiva de alcance amplio contra el coronavirus. Más investigación, con todo, sería aún necesaria en ese y otros casos.

En contrapartida, otras voces en el Departamento de Salud, indica Politico, rechazan que Bright haya sido removido por su oposición a apoyar la hidroxicloroquina y se indica que él firmó a finales de marzo la petición para que la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos autorizara el uso de emergencia de ese fármaco.

Ese y otros planteamientos de Bright habrían irritado a sus superiores (específicamente al subsecretario Robert Kadlec y presumiblemente el secretario Alex Azar) y también, se afirma, les habría molestado que Bright hablara directamente con congresistas sobre asuntos de la respuesta ante la pandemia y que el Congreso le hubiese asignado directamente a su oficina miles de millones de dólares para investigación.

De acuerdo a su queja, Bright habría chocado repetidamente con Kadlec por el “exagerado rol” que tenía John Clerici, un consultor y lobbyista de la industria farmacéutica y amigo de Kadlec, en el otorgamiento de contratos de gobierno.

Politico incluso afirma que Bright fue presionado por Clerici para que le extendiera un contracto a una empresa farmacéutica dirigida por un amigo de Jared Kushner, yerno y asesor de Trump. Bright, se afirma, se oponía a extender ese contrato.

Bright también denunció que Kadlec y otros funcionarios le presionaban para que su agencia invirtiera “en medicamentos, vacunas y otras tecnologías sin el apropiado escrutinio científico o que carecían de mérito científico”.

Todo ello, de ser cierto, sería grave en todo momento, pero resulta especialmente perturbador y potencialmente destructivo en el contexto de la presente epidemia de coronavirus. Para colmo, Bright denuncia que Azar mostró indiferencia ante su insistencia temprana de investigar el virus, lo que luego se habría convertido en hostilidad hacia él. También habría encarado rechazo por advertir de una posible grave escasez de mascarillas y otros elementos de protección personal para el personal de salud.

Una crisis que en efecto tuvo lugar de modo devastador.

En ese sentido, se señala que las autoridades del Departamento de Salud desoyeron peticiones de Bright a mediados de enero para que se realizaran juntas de alto nivel para analizar la situación con el coronavirus. Era esa una etapa en la que en las altas esferas del gobierno federal, y en especial el presidente Trump, minimizaban la amenaza de la COVID-19 para Estados Unidos.

La queja interpuesta por Bright es ciertamente un punzante testimonio, pero es necesario mayor investigación, testimonios y datos para clarificar lo que ha sucedido en el Departamento de Salud durante la presente administración y, sobre todo, en el marco de la pandemia.

Bright testificará ante un comité de la Cámara de Representantes el próximo 14 de mayo, en lo que se espera será una tensa comparecencia con afirmaciones potencialmente explosivas.