Por: Jorge Wejebe Cobo

La Habana, 12 oct (RHC) En octubre de 1960 todavía funcionaban en Cuba bancos estadounidenses y privados que durante la etapa prerrevolucionaria desempeñaron un rol esencial en la corrupción del aparato estatal, con el robo de la riqueza nacional promovida por los gobiernos de turno que facilitaron la evasión de los impuestos y aranceles a las firmas yanquis.

También relacionada muy directamente con esos intereses espurios se mantenía una clase nativa dueña de un sector representativo de la industria y los servicios que, opuesta al rumbo de la Revolución, sacaba sus capitales al exterior y dejaba de desarrollar la producción y los servicios, mientras otros muchos casos sufragaban las conspiraciones contrarrevolucionarias o tenían una participación activa en las mismas.

Ese binomio de bancos estadounidenses, junto a los lacayos internos como remanentes de la estructura de poder neocolonial, conformó un importante baluarte para los primeros planes y acciones agresivas contra el país que se orquestaban en Washington.

En respuesta y como parte de la radicalización del proceso revolucionario, el Primer Ministro Fidel Castro nombró en noviembre de 1959 como presidente del Banco Nacional de Cuba (BNC), a Ernesto Che Guevara con la misión principal de preservar las mermadas arcas del Estado e impedir las fugas de dinero al extranjero por la burguesía traidora y los corruptos.

Es de recordar que durante la huida de los batistianos tras la caída de la dictadura se llevaron 424 millones de dólares a los Estados Unidos, principalmente, y hubo que proteger las pocas divisas convertibles de la nación, en peligro también por personajes que comenzaban a traicionar debido a la radicalización del proceso revolucionario y el miedo a la agresión imperial.

Por indicaciones del propio Comandante Ernesto Che Guevara se elaboró y propuso la Ley No. 891 referida a la nacionalización de los Bancos, aprobada por el Consejo de Ministros el 13 de octubre de 1960 para garantizar que la función bancaria solo podría ejercerla el Estado como única forma de garantizar la soberanía económica de la nación.

El texto de la legislación recogía una valoración histórica del papel de la banca estadounidense: “Uno de los instrumentos más eficaces de la intromisión imperialista en nuestro desarrollo histórico ha estado representado por el funcionamiento de los bancos comerciales norteamericanos, los cuales han servido de vehículo financiero para facilitar la actuación monopolista de las empresas norteamericanas en Cuba y para la invasión masiva del país por el capital imperialista (…).”

La legislación nacionalizó cinco instituciones crediticias paraestatales y 44 bancos privados, de ellos seis foráneos, y declaró como único continuador de todos los bancos privados al Banco Nacional de Cuba.

Días antes, el 17 de septiembre se nacionalizaron los bancos norteamericanos The First National City Bank of New York, The First National Bank of Boston y The Chase Manhattan Bank, con todas sus sucursales y dependencias en territorio nacional.

Sólo se exceptuaban de esa medida el Royal Bank y el Nueva Escocia, entidades canadienses que poco después fueron adquiridas por el Estado cubano.

El 13 de octubre el Consejo de Ministro también aprobó la Ley 890 “con el objetivo de liquidar definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiraban contra el pueblo”.

En la legislación se determinó la expropiación forzosa de 382 empresas, incluyendo 105 centrales azucareros; 18 destilerías, empresas de bebidas alcohólicas, constructoras, de transporte y alimenticias, entre otras.

Esta nacionalización del sector empresarial privado, completada con igual medida en el sistema bancario, propinó un decisivo golpe a los sectores internos aliados a los planes imperialistas contra el país que en aquel lejano 1960 querían reinstaurar la república neocolonial, al tiempo que abrió el camino a los profundos y definitivos cambios económicos y sociales de la Revolución. (Fuente: ACN)