La Habana, 22 oct (RHC) Radio Habana Cuba comparte este jueves con sus seguidores el informe que presentará Cuba cuando por vigésimanovena ocasión el venidero mes de mayo de 2021 al reanudarse el 75 período de sesiones de la Asamblea General.
El texto titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” responde a la resolución 74/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Introducción
El presente informe abarca el período comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020, marcado por un serio retroceso en las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos (EE.UU.) y un progresivo recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero.
En este período, las numerosas regulaciones y disposiciones emitidas por el gobierno de los EE.UU. contra Cuba alcanzaron niveles de hostilidad sin precedentes. La posibilidad de establecer demandas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton; el incremento de la persecución de las transacciones financieras y comerciales de Cuba; la prohibición de vuelos desde EE.UU. hacia todas las provincias cubanas, con excepción de La Habana; la persecución e intimidación a las empresas que envían suministros de combustible a Cuba, y la campaña de descrédito contra los programas de cooperación médica cubana, constituyen algunos de los ejemplos más distintivos.
Durante este período y en contravención de lo dispuesto por la resolución 74/7 de la Asamblea General y de muchas que le han antecedido, se registraron alrededor de 90 acciones y medidas económicas coercitivas impuestas por el gobierno de los EE.UU. contra Cuba, con la intención de intervenir en los asuntos internos del país y en franco menoscabo de la libertad de comercio y navegación internacionales. De ese total, alrededor de la mitad fueron acciones concretas de bloqueo, que incluyeron multas y otros tipos de sanciones contra entidades estadounidenses o de terceros países, inserción de empresas cubanas en listas unilaterales, prorrogación de leyes y proclamas sobre el bloqueo, anuncios relacionados con la aplicación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton y cambios regulatorios. Otro grupo de medidas evidenció la aplicación extraterritorial del bloqueo o se correspondió con decisiones del Departamento de Estado contra nuestro país.
Resultan particularmente alarmantes los 5 paquetes de medidas adoptados en 2019 en función de vigilar e imponer medidas de castigo contra las empresas, buques y navieras que transportan combustibles hacia Cuba. En este sentido, se impusieron sanciones ilegítimas contra 27 compañías, 54 embarcaciones y 3 individuos vinculados al sector, ninguna de ellas de origen estadounidense o sujetas a la jurisdicción de ese país. Estas acciones agresivas del gobierno dpo de paz. Se trata de una nueva violación abierta y brutal de las normas y principios en los que se sustenta el sistema de relaciones internacionales, incluidas las normas internacionales del comercio. El gobierno estadounidense se ha dedicado a amenazar y chantajear a las empresas que suministran combustibles a Cuba, y ae EE.UU. constituyen un salto cualitativo en el recrudecimiento y aplicación de medidas no convencionales en tiem las que se dedican a su transporte internacional, sin contar para ello con autoridad jurídica o moral alguna.
Todas estas medidas impactan fuertemente en las actividades económicas de Cuba, en particular, las relacionadas con operaciones de comercio exterior y las inversiones extranjeras. Esta situación ha obligado a Cuba a adoptar medidas coyunturales de emergencia, solo posibles en un país organizado, con una población unida y solidaria, dispuesta a defenderse de la agresión extranjera y a preservar la justicia social alcanzada. Las acciones emprendidas están encaminadas a impulsar la economía cubana y mitigar los efectos del bloqueo. Entre estas se incluyen más de veinte disposiciones encaminadas a fortalecer la empresa estatal socialista.
Ningún ciudadano o sector de la economía cubana escapa de las afectaciones derivadas del bloqueo, cual entorpece el desarrollo que cualquier país tiene derecho a construir de manera soberana. Es por ello que esta política unilateral constituye el principal obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030 (PNDES), así como para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para los cubanos residentes en el exterior, las regulaciones del bloqueo también constituyen obstáculos cotidianos. Se les impide abrir cuentas bancarias, utilizar determinadas tarjetas de crédito o realizar transacciones con normalidad, solo por poseer la nacionalidad cubana.
Como parte de su escalada agresiva, el gobierno de los EE.UU. también ejerció fuertes presiones sobre un grupo de países, particularmente de América Latina y el Caribe, con el objetivo de desmembrar el apoyo al proyecto de resolución contra el bloqueo presentado por Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los días 6 y 7 de noviembre de 2019. A pesar de estas maniobras y chantajes, el resultado de la votación demostró, una vez más, el apoyo abrumador de la comunidad internacional a la causa cubana.
El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Por su declarado propósito y el andamiaje político, legal y administrativo en el que se sustenta, califica como un acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 5 mil 570.3 millones de dólares. Esto representa un incremento de alrededor de mil 226 millones de dólares con respecto al período anterior. Por primera vez, el monto total de las afectaciones ocasionadas por esta política en un año rebasa la barrera de los cinco mil millones de dólares, que ilustra hasta qué punto se ha intensificado el bloqueo en esta etapa. Las afectaciones calculadas no contemplan las acciones del gobierno de los EE.UU. en el contexto de la pandemia de la COVID-19, debido a que exceden el cierre del período analizado.
A precios corrientes, los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 144 mil 413.4 millones de dólares. Tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de un billón 98 mil 8 millones de dólares. Este valor representa un crecimiento del 19 por ciento con respecto al período anterior, como resultado del incremento de la elevación del precio del oro en un 18.3 por ciento.
En este contexto, el azote de una pandemia global como la COVID-19 ha supuesto retos notables para Cuba, y los esfuerzos del país para combatirla se han visto sensiblemente limitados por las regulaciones del bloqueo estadounidense. El carácter genocida de esta política se ha reforzado en medio del enfrentamiento al nuevo coronavirus, puesto que el gobierno de los EE.UU. se ha valido de ella, y en particular de su componente extraterritorial, para privar deliberadamente al pueblo cubano de ventiladores pulmonares mecánicos, mascarillas, kits de diagnóstico, gafas protectoras, trajes, guantes, reactivos y otros insumos necesarios para el manejo de esta enfermedad. La disponibilidad de estos recursos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para los pacientes portadores del virus, así como para el personal de la salud que los atiende.
Lo anterior no ha sido suficiente para el gobierno estadounidense, que también se ha lanzado en una cruzada para intentar desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional que Cuba ofrece, divulgando calumnias y llegando al extremo de exigir a otros países que se abstengan de solicitarla, incluso en medio de la emergencia sanitaria creada por la COVID-19 en el mundo.
A pesar de sus acciones, el gobierno de los EE.UU. no ha podido evitar que hasta el 1ro de julio de 2020, más de 3 mil colaboradores cubanos, organizados en 38 brigadas médicas, contribuyan en la lucha contra esta pandemia en 28 países y 3 territorios no autónomos. A estos esfuerzos se han sumado también los más de 28 mil profesionales cubanos de la salud que ya se encontraban brindando sus servicios en 59 naciones antes de la COVID-19.
A las acciones anteriores se suma el ataque terrorista perpetrado contra la Embajada de Cuba en los EE.UU., el 30 de abril de 2020. El silencio cómplice del gobierno de los EE.UU. y la incapacidad de denunciar o pronunciarse públicamente ante este acto terrorista, evidencian su compromiso con la instigación a la violencia y los mensajes de odio contra Cuba y sus nacionales, conducta que estimula la ejecución de actos de esta naturaleza. La pasividad política del gobierno de los EE.UU. ante un ataque con fusil de asalto contra una misión diplomática en la capital del país pone en entredicho el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961.
El 12 de mayo de 2020, el Departamento de Estado de EE.UU. notificó al Congreso su decisión de listar un grupo de países, incluida Cuba, entre los certificados bajo la Sección 40A (a) de la Ley de Control de Exportación de Armas como "países que no cooperan completamente" con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU durante el 2019. Con esta acción, el gobierno estadounidense pretende esconder su historial de terrorismo de Estado contra Cuba, que ha sido un instrumento permanente de su política agresiva hacia la Isla.
En la actual coyuntura, en la que la humanidad enfrenta una crisis económica y social acentuada por la pandemia de la COVID-19, cuyas dimensiones nadie es capaz de vaticinar con certeza, se impone con más razón que nunca, que la comunidad internacional exija el levantamiento del bloqueo impuesto por el gobierno de los EE.UU. contra Cuba, cual constituye el sistema de medidas coercitivas unilaterales más complejo y prolongado que se haya impuesto contra país alguno.
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