Imagen ilustrativa
Por Alfredo García Almeida*
El presidente, Joe Biden, se despoja de su manto “democrático” y envía un ultimátum al gobierno venezolano. La injerencista emisora, Voz de las Américas, VOA, informó que la Casa Blanca “advirtió” al gobierno de Venezuela que tiene hasta el 30 de noviembre, para “habilitar a todos los candidatos a competir en las elecciones presidenciales de 2024 (incluyendo a la exdiputada, María Corina Machado y liberar a los presos políticos”, de lo contrario, “volverá a imponer las sanciones levantadas recientemente”.
El anuncio de EEUU sobre la “relajación de sanciones”, tuvo lugar tras la firma en Barbados el pasado mes de octubre de dos acuerdos parciales, incluido uno sobre garantías electorales, entre representantes del gobierno venezolano y la opositora, Plataforma Unitaria Democrática, PUD, lo que revela el respaldo de Washington a la “oposición” venezolana.
“La expectativa nuestra y el entendimiento, es que antes del fin de noviembre, se vea la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas y que se comience a ver la liberación de estadounidenses detenidos injustamente, pero también de venezolanos”, declaro a VOA el director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Juan González, quien explicó sin tapujos, que el nuevo acercamiento a las relaciones con Venezuela, “está basado en la ruta electoral que fue negociada por venezolanos”, por lo que “el éxito o el fracaso, va a ser en base a la implementación de ese acuerdo”.
La presión del gobierno norteamericano sobre el presidente, Nicolás Maduro, para la participación de María Corina Machado Parisca, no se disimula. Con 56 años, Machado se presenta como cofundadora en 2002 de la asociación civil, “Súmate”, para consultas a través de firmas sobre el mandato del presidente, Hugo Chávez; fundadora del movimiento liberal-republicano, “Vente Venezuela” en 2012 e integrante de la alianza, “Soy Venezuela”, fundada en 2017, con organizaciones y personalidades opuestas a la Revolución bolivariana.
En 2002, Machado fue una de las firmantes del “Decreto Carmona”, después de su frustrado golpe de Estado. Por ese hecho, fue juzgada y posteriormente, obtuvo una amnistía del entonces presidente, Hugo Chávez. Las autoridades venezolanas, han acusado a Machado y a su grupo de “conspiración”, tras haber recibido fondos de la injerencista, National Endowement for Democracy, que depende del Congreso de Estados Unidos.
El 31 de mayo de 2005, el entonces presidente, George W. Bush, recibió a Machado en la Oficina Oval. Ante la noticia de la visita, el Gobierno venezolano declaró: “La reunión a solas durante más de 50 minutos, pone en evidencia las profundas vinculaciones de la derecha venezolana con el gobierno estadounidense”. Machado fue precandidata presidencial por “Vente Venezuela” en las elecciones primarias del PUD22 en octubre del 2023. La vencedora fue Machado, con más del 90 % de votos. Sin embargo, posteriormente fue inhabilitada políticamente por 15 años. Según la Contraloría, la inhabilitación de Machado, está basada con supuestos delitos del político opositor, Juan Guaidó, así como de apoyar las sanciones internacionales contra Venezuela.
No se conoce que la ONU o la OEA, hayan reaccionado contra el descarado ultimátum de Washington, contra el proceso electoral venezolano. Con ese suceso en pleno siglo XXI, se crea un funesto precedente de tolerancia internacional, sobre la injerencia en los asuntos internos de los países.
* periodista, analista internacional colaborador desde Mérida, Yucatán.