Sanciones de Estados Unidos contra Venezuela

por Laura Mercedes Giráldez

El país con mayores reservas de petróleo del mundo depende, para la producción y exportación del crudo, de licencias que otro Gobierno dicta a cuenta gotas.

El pasado mes de abril, la Casa Blanca anunció la reimposición de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolanos, tras acusar al Presidente de esa nación sudamericana de incumplir sus compromisos electorales con la oposición.

El Departamento del Tesoro puso de fecha límite el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen sus operaciones en el país, y declaró que las compañías que quieran hacer negocios con la estatal petrolera pdvsa, deberán solicitar autorizaciones individuales.

La no renovación de la Licencia 44 generó a Venezuela pérdidas parciales de 2 000 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones de su presidente, Nicolás Maduro.

¿Licencias y permisos? ¿Directrices para organizar la vida económica de un país ajeno, rico en recursos naturales? Es una fórmula harto conocida por Latinoamérica; es la misma estrategia de bloqueo que Cuba sufre, y sabe de memoria.

Parece mentira, pero la Patria de Bolívar y de Chávez representa «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de ee. uu.». Así lo decretó el expresidente Barack Obama, en 2015, mientras que la administración de Donald Trump, en 2017, lo reforzó mediante la estrategia de «máxima presión».

Ello provocó grandes picos de inflación entre 2018 y 2019. En esos años, «casualmente», Washington arreció sus medidas coercitivas contra Venezuela, las cuales hoy suman más de 900.

De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, las consecuencias de esas sanciones son hiperinflación, escasez de bienes y servicios, cierre de industrias, migración, y el deterioro de la calidad de vida y del bienestar del pueblo.

En 2017, el Citibank se negó a recibir los fondos que el Estado venezolano depositaba para la compra de 300 000 dosis de insulina. Más que paradójico, es cínico que el Gobierno que boicotea el ingreso a Venezuela de medicinas y alimentos, acuse luego al de este país –en su Informe por países de 2023 sobre prácticas de derechos humanos–, de permitir la hambruna del pueblo, y se refiera a una supuesta crisis humanitaria en Venezuela.

El bloqueo es una constante que solo varía sus embestidas. Ahora no solo ataca directamente a la economía, sino que intenta desestabilizar a la sociedad a través de la guerra mediática, atribuyendo las consecuencias de su accionar a la mala gestión del Gobierno.

Desde que el Consejo Nacional Electoral anunció los comicios presidenciales para el 28 de julio, Venezuela se ha convertido en blanco de embates.

Intentos por intervenir en las decisiones internas, en las formas de gobierno y en el proceso eleccionario de la nación sudamericana son los zarpazos contra esta nación de la camarilla que dirige Joe Biden.

En su programa Maduro Maduro Podcast, el jefe de Estado venezolano aseguró que «el bloqueo económico se ha transformado en un bloqueo de redes, para que no se sepa la verdad (…), no muestran al pueblo que está, por miles, en las calles trabajando y movilizado. No muestran la realidad de la recuperación económica, del bienestar, de la paz, de la seguridad que hoy tiene Venezuela».