Terrorismo contra Cuba. Imagen de archivo
por Jorge Ernesto Angulo Leiva
El dato certero y real puede destruir cualquier mentira. Desde junio de 1998, Cuba mantiene intercambios con las autoridades estadounidenses sobre los terroristas radicados en esa nación, de origen cubano, organizadores, financistas y ejecutores de planes violentos en la Isla o en el propio territorio norteamericano, protegidos por la impunidad judicial.
Así lo han confirmado autoridades del Ministerio del Interior e investigadores relacionados con el tema, quienes han expuesto en numerosas ocasiones, como sucedió en una reciente emisión del programa televisivo Mesa Redonda, los esfuerzos de la Mayor de las Antillas para compartir información, sobre ese flagelo, con el vecino del norte.
En los primeros encuentros hasta 2010, explicaron, se mostraron evidencias de los ataques a instalaciones turísticas cubanas durante la última década del siglo XX.
Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2015 que se amplió este vínculo entre ambos países, con el establecimiento de un mecanismo de diálogo bilateral sobre la aplicación y el cumplimiento de la ley, que propició seis nuevas rondas de conversaciones, se amplió.
Poco más de medio año después, en julio de 2016, las autoridades de la Isla aportaron datos identificativos sobre 51 terroristas cubanos asentados en EE. UU.; y un mes después entregaron evidencias físicas y testimoniales sobre cuatro ciudadanos más, con iguales condiciones de residencia y procedencia, detenidos en abril de 2014 con la misión de asaltar una unidad militar, una prisión, y tomar el aeropuerto de Villa Clara.
El segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, coronel Víctor Álvarez Valle, recordó el lanzamiento de artefactos explosivos en La Habana, entre abril y julio de 2017, organizados en tierra estadounidense por los cubanos Jorge Luis Fernández Figueras e Iván Leiva Basulto.
Acciones orientadas desde el exterior, como el apedreamiento e incendio de ómnibus públicos, la contaminación de fuentes de agua potable, la agresión a autoridades y contra sedes diplomáticas, opinó, demuestran «que estos terroristas actúan con total impunidad».
Las autoridades insulares informaron y solicitaron cooperación sobre el secuestro de aeronaves en octubre de 2022 y marzo de 2023, actos de piratería aérea tipificados como delitos en convenios internacionales ratificados por ambos países, sentenció el coronel.
La Habana acogió, en abril de 2023, un encuentro técnico con representantes del Buró de Investigaciones Federales (FBI), en el cual la parte local responsabilizó a los invitados por su inacción ante los terroristas operativos en su territorio, añadió.
También resaltó la negativa a participar en una videoconferencia sobre los atentados contra la sede diplomática de la Mayor de las Antillas en Estados Unidos, del 30 de abril de 2020 y el 24 de septiembre de 2023, así como la absolución de los cargos presentados contra el autor del ataque, Alexander Alazo Baró.
El investigador doctor en Ciencias José Luis Méndez Méndez destacó el doble rasero presente en la inclusión de Cuba en la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo, mientras toleran toda la actividad denunciada e insisten en introducirla en la Isla.
Asimismo, aludió a la liberación, por el presidente estadounidense Joe Biden, de Eduardo Arocena, quien dirigió el asesinato del diplomático cubano Félix García. «No veo diferencias, hay continuidad histórica, los hechos han sido prácticamente los mismos», subrayó.
Esos actos pretenden afectar la economía nacional, amedrentar a los viajeros, a los inversores extranjeros, desgastarnos y proporcionar la imagen de una nación inestable, consideró.
Otra arista del tema es el empleo de las redes sociales con fines terroristas, a partir de lo cual destaca su capacidad de articulación, el potencial de difusión del discurso de esas organizaciones y la impunidad para publicar. (Tomado del diario Granma)
