Por: Alfredo García Almeida*
En su plataforma, Truth Social, el pasado miércoles, Trump, se comparó a sí mismo con un rey, al celebrar la decisión de su gobierno de acabar con el programa de peaje por congestión de la ciudad de Nueva York. “El peaje por congestión ha muerto. Manhattan y toda Nueva York están salvados”, escribió, “Larga vida al Rey”. Presidente, Donald J. Trump”. La Casa Blanca reforzó el mensaje, al recircularlo en Instagram y X, con una ilustración de Trump con una corona en la portada de una revista parecida a Time, pero llamada Trump.
Al día siguiente, Trump firmó una orden ejecutiva que otorga a la Casa Blanca, un control sin precedentes sobre las agencias reguladoras independientes, establecidas por el Congreso de Estados Unidos. El decreto firmado por Trump, establece que agencias reguladoras como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), entre otras, deben rendir cuentas directamente a la Casa Blanca. Esto representa un cambio radical en su funcionamiento, pues estas agencias fueron creadas con independencia del Ejecutivo, para regular sectores clave de la economía y el gobierno, según indican varios medios estadounidenses.
Según el documento, “el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, confiere todo el poder ejecutivo al presidente, lo que significa que todos los funcionarios y empleados del poder ejecutivo están sujetos a su supervisión”. Además, la orden especifica que las interpretaciones de la ley hechas por el presidente y el Departamento de Justicia, serán “vinculantes” para todas las agencias.
La orden permite que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), dirigida actualmente por, Russell T. Vought, retenga los fondos destinados a cualquier proyecto o iniciativa que entre en conflicto con las políticas de Trump. En 2023, Vought, declaró que el objetivo de sus propuestas para un futuro gobierno republicano, sería: “Identificar los focos de independencia y apoderarnos de ellos”.
Esta no es la primera vez, que Trump intenta una reforma similar. Durante su primer mandato, su equipo de asesores elaboró un decreto con características similares, pero el presidente nunca llegó a firmarlo, debido a las preocupaciones de los expertos sobre su legalidad y el posible impacto negativo en los mercados financieros.
La medida, que acelera los esfuerzos de la administración, Trump, para centralizar el poder en el Ejecutivo, tiene implicaciones significativas en la estructura gubernamental y la independencia de estas entidades. Expertos en derecho constitucional, han advertido que la orden de Trump, representa un ataque directo a la estructura de gobierno diseñada por el Congreso.
La orden también ha generado preocupaciones entre los economistas y políticos, que ven en ella un intento de erosionar la separación de poderes. La rápida destitución de líderes de agencias independientes, que ha seguido la firma del decreto y la comparación de Trump con un “rey”, ha reforzado estas preocupaciones.
*periodista, analista internacional colaborador desde Mérida, Yucatán.
