Foto: El Timpo

Por: Alfredo García Almeida*

La mitología anticomunista presenta a Costa Rica, como Estado de Bienestar y ejemplo excepcional de sistema liberal-democrático, cuya prosperidad se atribuye a su “neutralidad internacional” y la disolución de sus Fuerzas Armadas, a partir de la revolución liberal comandada por el caudillo, José Figueres, en 1948.

A partir de entonces, Estados Unidos, trabaja en estrecha colaboración con una amplia gama de agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de Costa Rica, para asegurar la soberanía de la nación centroamericana, algo que convierte prácticamente a la nación centroamericana en un protectorado norteamericano.

Respecto a Panamá,​ entonces un Municipio de Colombia, políticos istmeño conspiraron en secreto en 1903 con inversionistas de Wall Street la organización del movimiento separatista panameño de Colombia y conformaron una junta revolucionaria clandestina, destinada a separar el istmo de la soberanía colombiana y así poder negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico. La “independencia” panameña fue reconocida por EEUU y la mayoría de los países latinoamericanos y finalmente la construcción del Canal fue acordada con Washington, convirtiendo también a Panamá en un protectorado norteamericano.

No es casual la selección de Costa Rica y Panamá, para la trata de personas procedentes de EEUU. Desde principios del siglo XX y de una manera constante, Estados Unidos, entendiendo a Centroamérica como área de influencia sostenible, ha ejercido un peso determinante en esta zona enviando africanos, asiáticos y rusos, a los países centroamericanos sin las garantías legales.

Un centro de atención para migrantes en el sur de Costa Rica, muy cerca de la frontera con Panamá, fue el destino de unos 200 deportados desde Estados Unidos a mediados de febrero. Estas personas, entre las que había decenas de menores, habían migrado originalmente de países tan variados como China, Irán, Vietnam, Etiopía o Uzbekistán.

En Panamá, por esas mismas fechas, ya ascendían a 300 los deportados desde EE UU  procedentes también de distintos países. Aquellos que no aceptaron ser repatriados a sus países de origen, fueron enviados a un centro de detención a las puertas de la selva del Darién, cerca de la frontera con Colombia.

El caso más sonado de trata de personas a nivel de Estado ordenadas por Trump, fue el de los 250 venezolanos enviados a una prisión salvadoreña en marzo, donde presuntamente siguen. El Salvador sufre hoy, las consecuencias de la intervención militar de EEUU durante la guerra revolucionaria de la década de los 80 del pasado siglo, que impidió el triunfo de la coalición insurgente del FMLN.

Además de tener en cuenta las consecuencias legales y la opinión pública, los distintos países también deben considerar las presiones e incentivos que llegan desde Estados Unidos. Trascendió que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibirá una compensación millonaria de seis millones de dólares, a cambio de encerrar a migrantes venezolanos en su cárcel de máxima seguridad, así como la extradición de varios cabecillas de pandillas salvadoreñas, que estaban bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Panamá, por su parte, debe lidiar con las amenazas de Trump de hacerse con el control del canal y el aumento de los aranceles.

*periodista, analista internacional colaborador desde Mérida, Yucatán.