Por: Ana Esther Zulueta

Por estos días un proyecto articula el tejido social, su texto presupone la consolidación y continuidad del sistema socialista cubano, democrático, próspero y sostenible, y una revolución en la que el pensamiento colectivo robustecerá la Ley Fundamental de la República.

En este proceso de reforma total, al amparo del artículo 137 de la Constitución de 1976 vigente, el capital social dará, desde una perspectiva holística, la visión presente y prospectiva de país que desea y de sus normas legales sobre la base de los postulados del ideario y el ejemplo de Martí y Fidel, y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin.

Este es el documento jurídico político más importante de la nación, en cuyo contenido es perceptible el espíritu de las constituyentes de Guáimaro (1869), Baraguá (1878), Jimaguayú (1895) y la Yaya (1897), suscritas al fragor de cruentas hostilidades ideológicas, cuando en los campos de batalla acrisolaba el concepto de cubanía.

Incluso de la Constitución de 1901, que significó el nacimiento maniatado de la república por un apéndice que usurpaba, además, Isla de Pinos de los límites de Cuba; y la de 1940, considerada la más progresista, al saber interpretar el panorama de fuerte agitación política de la nación y canalizar las apetencias fundamentales del pueblo.

Comprender esta consulta popular como expresión del carácter democrático y participativo del Estado revolucionario es haber asimilado, desde los postulados del materialismo histórico, el valor del principio de la unidad como condición indispensable para su desarrollo frente a los procesos globalizadores que abarcan la internacionalización del pensamiento neoliberal.

Más allá de lo que constituyeron esos textos para la posteridad, en el imaginario popular quedó estampada la propagación de ideas políticas y sociales que aún vigorizan el sentimiento de nacionalidad, lo cual otorga fisonomía propia a la concepción de Cuba como Estado socialista de derecho, suscrito en el artículo uno del proyecto constitucional.

Quizá sea uno de los aportes más significativos a las Ciencias Sociales y en especial a la historia del constitucionalismo cubano y latinoamericano al ofrecer una conceptualización por su esencia revolucionaria, humanista e inclusiva.

Este proyecto, pensado “con todos y para el bien de todos”, resume e integra en su articulado las transformaciones socioeconómicas realizadas en el país en los últimos años y aunque mantiene como principio la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, reconoce nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada.

Asimismo, el manifiesto incorpora contenidos de tratados y protocolos internacionales, de los cuales Cuba es firmante, alusivos a los derechos de los ciudadanos, pautados por la igualdad entre las personas, sin discriminación de ningún tipo.

La reforma constitucional reconoce el papel del municipio en el desarrollo local, propone igualmente cambios en la estructura de los poderes y sus alcances, para tener un Estado y Gobierno más funcional y moderno que vaya a la par de los cambios en la nación y a su vez garantice derechos y deberes de los ciudadanos.

(Tomado de ACN)