RHC

Por: Guillermo Alvarado

La columna vertebral de los acontecimientos políticos y sociales en Chile a lo largo de 2022 estuvo formada por los esfuerzos para dotar al país de una nueva carta magna, que sustituyera a la implantada en 1980 por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.

Poner fin al sistema neoliberal y al entramado legal que lo sostiene, incluida la constitución, fue el principal reclamo del estallido social iniciado en octubre de 2019 y así quedó ratificado en el referendo de octubre de 2020, cuando el 72 por ciento de la población votó por cambiar la ley fundamental.

De esta manera, cuando Gabriel Boric y un grupo de jóvenes políticos asumieron el gobierno en marzo de este año, se pensó que se cerraba un ciclo en la historia moderna de Chile y que el trabajo de la Convención Constitucional, ya en funciones en ese momento, sería aprobado sin reservas.

Las cosas, sin embargo no salieron así debido a una serie de factores, entre los que cuenta la misma inexperiencia política del nuevo ejecutivo, la falta de una mayoría decisiva en el Congreso, formado por dos cámaras, la de diputados y senadores, y la poca previsión sobre cómo se estaba reconfigurando la derecha, principal derrotada en el estallido del 19.

 El texto entregado por la Convención a medio año contenía profundas reformas positivas, entre ellas garantizar el papel del Estado en la dirección de la economía y asegurar el acceso universal a la educación y la salud pública, dos sectores mayoritariamente en manos de la empresa privada.

Por primera vez en la historia se reconocían los derechos de los pueblos indígenas, su idioma, forma de organización social y sistema jurídico, declarando a Chile como una nación multiétnica y multicultural.

Se arrecia en ese momento una doble campaña mediática para atacar al presidente y sus ministros, ridiculizar sus iniciativas y errores e impedirle llevar adelante su programa de trabajo. Este proceso sacó a la luz un profundo y frenético anticomunismo latente en la sociedad.

A la vez,  por los medios de comunicación social y las llamadas redes sociales se bombardeó a la población con ideas encaminadas a desprestigiar el texto constitucional,  incluso con la publicación de libros adulterados.

Decenas de empresas y miles de cuentas falsas de internet fueron creadas para divulgar mentiras, algunas tan burdas como que se quitaría la patria potestad sobre sus hijos a los padres, se confiscarían sus ahorros y sus propiedades pasarían a poder del Estado.

Lo extraordinario fue que cientos de miles, millones de personas se creyeron esos bulos, la gran mayoría perteneciente a las capas empobrecidas y vulnerables de la población.

No hubo, por otra parte, la capacidad suficiente para enfrentar esta campaña y cuando el 4 de septiembre se celebró el plebiscito constitucional, la opción del rechazo logró el 62 por ciento de votos, y el apruebo solo 38 puntos.

A partir de aquí la arremetida mediática cambió de tono, para tratar de demostrar que este resultado no fue una derrota para toda la sociedad chilena, sino un fiasco personal del presidente Boric y su equipo.

Siguieron tres meses de intensas negociaciones, bajo una presión brutal de la derecha envalentonada, que trató de imponer sus condiciones y lograr una nueva ley de leyes descafeinada, o incluso un texto pinochetista, aunque sin Pinochet.

Por fin, el 12 de diciembre, 14 de los 16 partidos políticos representados en el parlamento lograron un acuerdo y crearon un Consejo Constitucional de 50 miembros, más un grupo de 24 expertos, para redactar la nueva Carta Magna, que debería entrar en vigor a finales de 2023.

No es lo que se quería, sino lo que se pudo rescatar, por lo que se avecina otro año intenso en un país bajo crisis superpuestas, desencantado y asustado por el aumento de la violencia, como no había ocurrido antes.