por Guillermo Alvarado

El asesinato a tiros en su propio domicilio del profesor y activista indígena hondureño José Santos Sevilla es una muestra más de que ese país centroamericano es uno de los lugares más peligrosos para dirigentes sociales y defensores del medio ambiente, expuestos a una agresión constante por parte de autoridades venales y representantes de consorcios transnacionales.

Sevilla era un acérrimo defensor del derecho a sus territorios de la comunidad Tolupán, uno de los nueve grupos originarios que habitan Honduras y constituyen el diez por ciento de la población total, calculada en ocho millones 700 mil personas.

Una buena parte de las tierras indígenas ha sido objeto de expoliación por empresas extractoras de recursos naturales o la creación de obras de infraestructura, levantadas en ocasiones con argumentos engañosos y otras sin una consulta previa con sus habitantes, lo que viola convenios internacionales.

Desde que en 2009 se perpetró el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya más de 120 activistas fueron asesinados por organizar protestas contra estas tropelías, sin que haya una investigación profunda ni se ejecute castigo contra los responsables.

La muerte de Sevilla ocurre pocos días antes de cumplirse el primer aniversario del asesinato de la dirigente del pueblo lenca, Berta Cáceres, ultimada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá, un caso que levantó cantidad de protestas a nivel internacional y obligó al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a acelerar las investigaciones.

Un año después hay ocho personas detenidas por este crimen, incluido un funcionario de una transnacional que amenazó de muerte a Cáceres por su oposición a un proyecto hidroeléctrico que habría dejado debajo del agua tierras de cultivo.

La repercusión de este caso no impidió que se cometieran nuevas tropelías y apenas tres meses después desconocidos mataron a Lesbia Yaneth Urquía, también militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que era presidido por Cáceres.

A pesar de esta cadena de muertes, Honduras sigue recibiendo cuantiosas ayudas oficiales desde Estados Unidos para el equipamiento y formación de sus aparatos de seguridad, que han sido vinculados a los hechos.

Un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército hondureño reveló el año anterior que Berta Cáceres estaba en una lista negra de su comando de élite.

Honduras ha sido un país estratégico para Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo pasado. Desde allí se organizó y ejecutó la guerra sucia contra la Revolución Sandinista y también era el punto de partida de la millonaria ayuda que se dio a los regímenes salvadoreños para evitar el triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es también la sede de la más grande base militar que el Pentágono tiene en América Central.

No es por azar entonces que en la nación del norte hagan de la vista gorda ante los asesinatos de dirigentes sociales y defensores del medio ambiente que luchan contra corporaciones cuyo capital está, oh casualidad, del otro lado del río Bravo.