Por María Josefina Arce.

La historia se repite y cuándo Nicaragua se apresta a realizar elecciones legislativas en noviembre venidero es nuevamente objeto de acciones injerencistas de Estados Unidos.

En los últimos días el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó la llamada Ley Nica-Act, que busca bloquear los préstamos internacionales al país centroamericano.

Congresistas norteamericanos conocidos por sus posiciones contrarias a los procesos progresistas de América Latina presentaron esta nueva versión, que condiciona el otorgamiento de fondos a cambios ajustados a los intereses de dominación de Estados Unidos, que esgrime como argumento temas como la democracia y los derechos humanos.

Ya el pasado año una versión similar a este proyecto fue aprobada en septiembre por la Cámara de Representantes, semanas antes de que se celebraran en Nicaragua elecciones generales, en las que fue reelecto para un tercer mandato consecutivo el presidente Daniel Ortega, con más de 70 por ciento de los votos.

Pero Estados Unidos, el país donde la mayoría no escoge a su presidente, sigue inmiscuyéndose en lo que no le concierne, sin tomar en cuenta la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses.

La reelección de Ortega fue un claro mensaje de que el pueblo apoya la gestión del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ha librado una dura batalla por reducir los índices de pobreza y por construir una nueva Nicaragua para todos.

De manera rotunda en los comicios de 2016 la población votó a favor de las profundas transformaciones que han tenido en la nación que hoy presenta un sostenido crecimiento económico, estabilidad política, seguridad y paz.

Los nicaragüenses han dejado claro que no renunciarán a un modelo inclusivo, caracterizado por la democracia, la libertad y los avances hacia la prosperidad, promovido por la Revolución Sandinista, que el pasado día 19 cumplió su trigésimo octavo aniversario.

Nicaragua, que nunca ha dejado de ser objeto de los ataques norteamericano, está preparada, han afirmado las autoridades, para hacer frente a esta nueva agresión de Estados Unidos y en respuesta interpondrá un proceso jurídico para exigir a Washington el pago de la indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como compensación por todos los daños ocasionados.

Irracional e injerencista ha sido califica la 'Nica Act', que deberá ser ahora considerada en el pleno de la Cámara de Representantes, donde la iniciativa necesita como mínimo el visto bueno de dos tercios de los legisladores para ser aprobada y pasar a ser evaluada por el Senado.