Por María Josefina Arce

Supuestas violaciones a los derechos humanos y un retroceso de la democracia es el argumento al que invariablemente recurre Estados Unidos para justificar acciones injerencistas contra gobiernos que no acatan sus dictámenes. Venezuela es un claro ejemplo de ello. El país sudamericano ha sido objeto de constantes ataques mediáticos y de sanciones contra funcionarios del gobierno en los últimos años.

A la lista se ha sumado Nicaragua, que desde el pasado año ve amenazada la sostenibilidad de su crecimiento económico.

En los últimos días el Congreso estadounidense aprobó la llamada Nica Act, una propuesta para bloquear los préstamos al gobierno de Nicaragua en aquellas instituciones financieras internacionales en las que Estados Unidos tiene poder de veto.

Esto supondría un obstáculo al desarrollo de la nación centroamericana que en 2016 registró un crecimiento de 4, 7 por ciento de su Producto Interno Bruto y que para el presente año y el 2018 se estima también sea de cuatro por ciento.

Conocidos por sus posiciones reaccionarias y contrarias a los procesos independentistas como la revolución cubana, los congresistas de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio, impulsan la Nica Act, que ahora pasará a la consideración del Senado en una nueva versión.

Ya en 2016 se aprobó en el Comité de relaciones internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pase a votación en el plenario de la denominada ley, que sin embargo, no fue votada ese año debido al cierre del congreso por fin de año.

Pero en 2017 los legisladores tanto del Partido Demócrata como del Republicano volvieron a la carga, y el pasado mes de julio se volvió a aprobar el pase a votación, en el mismo Comité, una modificación de la misma ley.

Los analistas estiman que con esta agresión la situación económica a la que se expondría Nicaragua iría en contra de las políticas aplicadas hasta el momento para mejorar las condiciones de vida, reconocidas a nivel internacional.

La financiación internacional, señalan, es utilizada en gran parte para mejorar las condiciones estructurales de vida de la población e impulsar el desarrollo de la economía, y lo cierto es que el país ha registrado una disminución de la pobreza y la desigualdad social.

De acuerdo con las cifras, de los empréstitos y donaciones que el sector público recibió el pasado año cerca del 37 por ciento se destinó a la construcción y el transporte; otro 22% para electricidad, gas y agua y el 26%, para proyectos de servicios sociales, salud y educación, entre otros.

En los primeros meses de 2017 el Banco Mundial aprobó tres préstamos para financiar proyectos para el reordenamiento territorial y el mejoramiento del acceso a las zonas rurales y urbanas, así como para incentivar la calidad de la educación.

Están claros los objetivos de Estados Unidos, al que por supuesto, bajo ningún concepto le ha interesado contribuir al crecimiento inclusivo de los países de América Latina y si garantizar sus intereses en la región, que aún desde una posición prepotente continúa considerando como su patio trasero.

Estados Unidos busca desestabilizar al gobierno constitucional del presidente Daniel Ortega, crear descontento entre la población para propiciar la imposición de un ejecutivo que se deje manejar a su antojo, como en los viejos tiempos.