Por María Josefina Arce
Los cuantiosos daños ocasionados en Puerto Rico por el impacto en septiembre pasado del huracán María volvió a poner sobre el tapete la controvertida Ley Jones, vigente desde 1920 y que retrasó la tan necesaria llegada de recursos para los damnificados por el fenómeno meteorológico.
Los países y organizaciones internacionales que manifestaron su disposición de enviar suministros a Puerto Rico, se enfrentaron con un insólito obstáculo: sus barcos no podían atracar en la isla, por la consabida legislación.
Y es que toda ayuda debía llegar primero a territorio continental de Estados Unidos para, una vez allí, ser transportada en barcos con bandera estadounidense hasta territorio boricua.
Aunque el presidente norteamericano, Donald Trump, autorizó suspender la polémica ordenanza, la medida fue temporal y respondió a las críticas de los puertorriqueños, que a una semana del paso del huracán todavía esperaban por la anunciada ayuda.
De asfixiante y opresora califican los puertorriqueños dicha legislación puesta en marcha desde hace casi un siglo y que deja también al descubierto el carácter colonial de las relaciones entre Washington y San Juan, que debe regirse por un instrumento jurídico aprobado por el Congreso de otro país.
Miles de personas protagonizaron en los últimos días una protesta en Washington para demandar el cese de esa ley, aprobada tras el fin de la Primera Guerra Mundial, para controlar y fortalecer la industria naval del país ante el peligro de los submarinos alemanes, que habían hundido cerca de 5.000 buques durante el conflicto.
La también denominada Ley de la Marina Mercante nacionalizó la industria de la construcción naval y, el tráfico de los buques mercantes en Estados Unidos.
El propósito original de la Ley Jones ya no tiene razón de ser. Sin embargo, su aplicación sigue asfixiando la economía de la isla caribeña, que termina asumiendo los aranceles, cuotas e impuestos proteccionistas que debe pagar cualquier embarcación extranjera que desee ingresar a ese territorio.
La otra opción es cambiar de ruta y dirigirse a Florida, donde pueden trasladar toda su mercancía a una embarcación estadounidense para enviarla a Puerto Rico. Pero claro también en este caso el consumidor termina absorbiendo los costos derivados del cambio de trayectoria.
Un estudio realizado por dos universidades boricuas en 2012 asegura que esta situación implica que el precio de las mercancías en Puerto Rico sea al menos dos veces mayor que en territorio continental de Estados Unidos o en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde no se aplica la ley.
Pero son muchos los intereses detrás de esa ordenanza. Mientras para Puerto Rico significa cuantiosas pérdidas anuales, para las compañías que conforman la poderosa Asociación Marítima Estadounidense son jugosas las ganancias.
De ahí que esta organización históricamente se haya opuesto al levantamiento de la Ley Jones, que muchos analistas estiman es una de las principales causas de la gigantesca deuda pública de más de 70.000 millones de dólares que tiene la nación caribeña
Es un hecho que la legislación norteamericana compromete el futuro de Puerto Rico, que ya antes del paso del huracán María presentaba una difícil situación económica y social, con gran parte de su infancia viviendo en la pobreza y 10 por ciento de desempleo.
