Por María Josefina Arce

Muchos son los desaciertos del gobierno del presidente Mauricio Macri , que con su política neoliberal ataca el derecho de los argentinos a vivir dignamente. Los pueblos originarios no escapan a la situación que vive hoy Argentina, pero además son víctimas de un recrudecimiento de la persecución y desalojo de sus tierras a favor de compañías extranjeras.

Es bien conocido el enfrentamiento entre los mapuches y la compañía italiana BENETTON. Su dueño, Luciano Benetton, ha acaparado y desalojado a estos pueblos de muchas de sus tierras en la Patagonia argentina, donde existe la mayor concentración de hectáreas en unas pocas manos.

De hecho cuando se indaga o se busca información a Luciano Benetton, dueño de unas 900 mil hectáreas, lo califican como uno de los reyes de esa región del país sudamericano, reserva de recursos energéticos y minerales.

Lo cierto es que el territorio mapuche es estratégico en términos económicos y geopolíticos. Despierta el interés no solo del empresariado argentino, sino del mundo, al tiempo que los norteamericanos quieren establecer en la zona una base militar. Allí hay gas, petróleo, minería, recursos forestales y acuíferos, a partir de los hielos continentales.

La feroz cacería de la Gendarmería sobre la comunidad Pu Lof en el departamento de Cushamen, en la frontera noroeste de Chubut, que terminó con la muerte del joven Santiago Maldonado sin ningún tipo de respuesta estatal, se produjo dentro de las tierras que están hoy bajo el dominio de Benetton.

Precisamente Maldonado participaba en una protesta de los mapuches en defensa de sus ancestrales derechos sobre esos territorios, que fue violentamente reprimida por las fuerzas policiales. Y aunque el caso conmovió fuertemente a la sociedad argentina, los atropellos contra las comunidades indígenas no se han detenido.

A la muerte de Maldonado se sumó en los últimos días la de un joven mapuche, asesinado también por las fuerzas del orden en las cercanías del Lago Mascardi, en Bariloche. Balas de plomo dispararon los agentes contra los pobladores que se negaban a desalojar sus espacios ancestrales.

En un comunicado, el Consejo Nacional Indígena repudió de manera terminante la represión y persecución de los dirigentes y luchadores de las distintas organizaciones territoriales, comunidades y movimientos sociales.

Las comunidades autóctonas pidieron al Gobierno declarar el cese inmediato de hostilidades en contra de ellos y en sus facultades, subrayan, arbitre la libertad de nuestros presos políticos o detenidos, acate lo dispuesto de forma terminante por el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo en protección de los pueblos Indígenas.

Pero son muchos los intereses en juego y como todos saben Macri gobierna a favor de los ricos. La dirigenta mapuche Moria Millán ha denunciado que las autoridades han puesto a las fuerzas del orden, con los gastos que esto requiere, a disposición de los multimillonarios dueños de la Patagonia, para defender sus propiedades.

Mientras, señaló, faltan recursos para la salud, la vivienda, la educación, para los derechos elementales de todos los argentinos.

Es cierto que el problema mapuche es viejo y se ha mantenido a lo largo de las décadas, pero bajo el gobierno de Macri se ha intensificado la persecución contra los pueblos originarios, a quienes pretenden presentar como delincuentes y terroristas para crear una negativa imagen en la sociedad y de ese modo, intentar justificar sus crímenes contra esas comunidades a favor de intereses multimillonarios.