Por: María Josefina Arce

A los ex presidentes Dilma Rousseff y Luis Inacio Lula Da Silva, de Brasil, y Cristina Fernadez ,de Argentina, se suma ahora el ex primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa. Contra todos la derecha ha montado campañas mediáticas que intentan desacreditarlos para impedir su posible retorno al poder, ante la alta popularidad con que cuentan en sus países.

Vincularlos a casos de corrupción y secuestro ha sido la estrategia escogida contra gobernantes progresistas que durante su mandato llevaron a sus naciones a un crecimiento económico y a notables conquistas sociales, que garantizaron derechos humanos esenciales como la salud y la educación.

Correa es acusado de presunta asociación ilícita y plagio del ex legislador Fernando Balda, supuesta víctima de un fallido intento de secuestro en 2012, en Bogotá, Colombia, donde se encontraba prófugo de la justicia tras ser condenado a dos años de prisión por injurias.

A pesar de residir en Bélgica, el ex primer mandatario ecuatoriano debía presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia, medida cautelar que entró en vigor este lunes. Pero en vez de viajar a Quito, optó Correa por acudir al consulado de ese país sudamericano en la nación europea, lo cual, para sus acusadores, constituyó una violación.

Sin embargo, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, consideró "suficiente" que el exjefe de Estado se haya presentado ante el Consulado en Bélgica, a fin de "cumplir con la medida cautelar" solicitada por una jueza ecuatoriana.

Dentro de los criterios de racionalidad, no tiene sentido pedirle a una persona que recorra medio mundo para presentarse cinco minutos habiendo una delegación consular allá". afirmo el letrado, citado por el diario ecuatoriano El telégrafo.

No obstante, la actitud colaboradora de Correa, que en todo momento ha negado su participación en el secuestro de Balda, la Fiscalía de Ecuador dictó en las últimas horas la prisión preventiva en su contra.

Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ha reiterado en varias ocasiones que las acusaciones en su contra como a representantes de su administración forman parte del plan de persecución política que busca su inhabilitación política.

No es esta la primera vez que Correa es objeto de acoso judicial. Se intento vincularlo con el sonado caso Petrochina, asociado a un posible perjuicio al Estado de 2.200 millones de dólares, producto de la venta anticipada de petróleo a China durante su mandato.

Asimismo, la Contraloría de Ecuador determinó el 9 de abril supuestos indicios de responsabilidad penal contra el exmandatario en el manejo de la deuda pública.

Contra Correa se repite el guión que ha venido desarrollandose en América Latina contra ex gobiernantes interesados en el destino de sus pueblos. Por eso ecuatorianos defensores de la revolución ciudadana que condujo por 10 años marcharán este jueves en Quito en apoyo a Correa quien, recuerdan, entre otros logros de su gobierno recupero la soberanía del país andino, al cerrar la base de Manta y poner fin a la presencia militar norteamericana.