Por: María Josefina Arce.

El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho de cada cubano refrendado en la Ley de Aguas, que entro en vigor en febrero de 2017, y en la actual constitución del país y que se mantiene en el proyecto de la nueva Carta Magna que será sometido a debate popular a partir del venidero día 13 de agosto.

Durante cerca de seis décadas el país ha trabajado en el recate de la voluntad hidráulica y posee más de 230 presas que acumulan más de 9 000 millones de metros cúbicos del líquido, mientras que otros 300 millones se embalsan en micropresas extendidas a lo largo del país.

Fue por iniciativa del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, que se acometieron esas obras para convertir ese recurso en patrimonio común en función del abastecimiento a la población y los sectores agrícola e industrial.

Cerca de un 95 por ciento de la población del archipiélago tiene garantizado su acceso al preciado líquido, pero todavía hay una parte a la que se le dificulta y la obtiene mediante carros cisternas, al tiempo que no es óptimo en muchos casos el saneamiento.

Por eso es voluntad del país asegurar este vital servicio, aun ante condiciones adversas como sequías y eventos meteorológicos que afectan la calidad del agua, de ahí que se hayan emprendido programas que a corto, mediano y largo plazo, contribuyan a ir solucionando las dificultades.

En ese camino en la central provincia de Santi Spíritus se ejecuta el acueducto de Jatibonico, con un costo de 10 millones de pesos y que cuenta con la ayuda de la Agencia Española de Colaboración Internacional para el Desarrollo.

A más de 25 mil personas beneficiará esta obra, de la que ya se han concluido 80 kilómetros de redes hidráulicas de los casi 87 previstos y que tendrá como fuente de suministros la presa Lebrija, ubicada al norte de esa localidad.

Proyectos de mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento también se ejecutan en las provincias de Holguín, Pinar del Río, Granma, Guantánamo y La Habana para continuar garantizando a la población un derecho humano esencial como el acceso al agua potable, un recurso natural indispensable para la vida.