Por: María Josefina Arce.

La firma del acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo marcó un hito en la nación sudamericana y despertó la esperanza de una sociedad desgastada por más de 50 años de un conflicto armado.

Sin embargo, dos años después de la histórica firma son demasiados los temas pendientes y los incumplimientos, por lo que para muchos el proceso se ha estancado y ha caído en un abismo.

En una carta al nuevo Congreso, los ex jefes guerrilleros Oscar Montero e Iván Márquez aseguraron que lo pactado en La Habana fue objeto de trampa y engaño. No es la primera vez que la otrora fuerza insurgente, hoy convertida en partido político, ha denunciado los cambios hechos al acuerdo que borran su esencia y protegen a ex funcionarios del estado.

Argumentan su afirmación con la inseguridad jurídica que rodea a los excombatientes, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.

Lo cierto es que la otrora fuerza rebelde cumplió con lo acordado, en virtud de lo cual hizo dejación de las armas para reinsertarse de lleno a la sociedad y trabajar por restañar heridas.

Pero la situación no ha sido favorable. De hecho al menos 76 excombatientes de la antigua insurgencia han sido asesinados entre noviembre de 2016, mes de la firma del Acuerdo de Paz, y junio de 2018. Las muertes han ocurrido en 18 departamentos del país.

De acuerdo con las informaciones, varios de los ex guerrilleros fueron asesinados en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, mientras que el resto fue ultimado en otros lugares, donde emprendieron proyectos productivos individuales.

A la violencia que se ha desatado contra los ex guerrilleros se suma el constante asesinato de líderes sociales y comunitarios, perpetrados en gran parte por los grupos paramilitares, alentados durante décadas por los círculos de poder colombiano.

En su misiva al renovada órgano legislativo, tras los comicios generales de junio pasado, los ex jefes guerrilleros apuntaron que el Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, en tanto no se aplicó la amnistía totalmente para los guerrilleros ni se ha hecho nada por la dignificación de la vida en el campo.

De hecho la Reforma agraria, contenida en los acuerdos, es todavía hoy una quimera en un país que está considerado como uno de los de mayor índice de concentración de tierras en el mundo.

También se introdujeron cambios sustanciales por el Congreso anterior a la JEP, Justicia Especial de Paz, a propuesta del Partido Centro Democrático, encabezado por el ex presidente Alvaro Uribe, que fueron calificados por parte de la sociedad colombiana como un fraude y una burla al derecho de las víctimas a saber y conocer la verdad plena de lo ocurrido durante el conflicto armado.

No obstante, los ex jefes guerrilleros afirmaron en su carta que aunque el Acuerdo fue destrozado, siguen manteniendo el sueño de la paz en Colombia y vale la pena intentar lo imposible para sacar la paz del abismo en que se encuentra.

Y es que la sociedad colombiana necesita tranquilidad, y aunque el proceso puede tener imperfecciones, lo que se impone es echar abajo los obstáculos, trabajar por el bien común, por la justicia. Años de conversaciones, de consensuar posiciones, de duro trabajo no se pueden quedar en el papel o servir para los intereses de unos pocos. Colombia son sus más de 49 millones de pobladores.